Castilla-La Mancha
Los
vigilantes de seguridad de la Junta se movilizan en defensa de sus puestos de
trabajo
- Los trabajadores se han concentrado esta semana en el Palacio Fuensalida y las Cortes regionales tras la adjudicación del servicio a la empresa Sinergias Seguridad
- Denuncian salarios un 40% más bajos y que "la Consejería de Hacienda ha incumplido su compromiso y nos ha puesto a los pies de los caballos"
- El consejero ha anunciado que desde el primer minuto que sean conscientes de que la empresa adjudicataria no cumple con el convenio sectorial, "instaremos a la resolución del contrato"
Fuente:
eldiario.es - Esmeralda Díaz - 20/04/2017
Los
vigilantes de seguridad de la Junta finalmente se han movilizado esta semana
después de que la vicesecretaria y portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha,
Cristina Maestre dejara claro en el mes de febrero que e l Gobierno regional no
permitiría que hubiera “convenios a la baja”. Una promesa que, según los
trabajadores, no se ha cumplido.
En ese
mismo mes fue cuando se convocaron las primeras concentraciones que se
suspendieron a la espera de la elaboración, por
parte de sindicatos y Gobierno regional, un texto conjunto que intentase
satisfacer las garantías que persiguen los trabajadores y salvar el pliego de
condicione de trabajo.
Según
los sindicatos CCOO, UGT y USO, la Consejería de Hacienda, "amenazada con acciones judiciales por
la empresa", definitivamente no ha incluido en el contrato la cláusula
acordada hace dos meses con los representantes de los trabajadores para
garantizar “que las retribuciones y condiciones laborales que se aplicarán al
personal adscrito a la ejecución del contrato", que se iniciará el 1 de
mayo, se harán conforme al convenio
colectivo estatal de empresas de seguridad.
Salarios
un 40% más bajos
La empresa
a la que finalmente se le ha entregado la contrata es la misma que los
trabajadores temían hace unos meses. Sinergias Seguridad, según los sindicatos,
aprovechó la Reforma Laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo
estatal. De esta manera, la empresa tiene un convenio colectivo propio y muy
por debajo del nacional del sector, lo que tiene como consecuencia unos
salarios un 40% más bajos que las demás empresas del sector, una jornada
mensual de 183 horas en lugar de las 162 horas que tienen las empresas de la
competencia que sí aplican dicho convenio. Y estas bajas condiciones son las
que tienen alarmados a los 130 trabajadores de Toledo, Ciudad Real y
Guadalajara.
Desde
CCOO, UGT y USO señalan que si aplican el convenio de Sinergias,
"trabajaremos más horas y pasaremos de cobrar 15.000 euros anuales a 9.000
euros”, es decir, pasarían de un salario de 1.200 euros a 700 euros al mes. “Y
nada nos garantiza que no vaya a ser así", subrayan. Así, los trabajadores
se muestran “preocupados” porque "todos tenemos hijos y que me digan si
alguien con 700 euros al mes puede vivir".
Además, aseguran haberse sentido engañados por la Junta después de
varios meses de negociación y de que Sinergias se comprometiera a aplicarlos el
convenio estatal. De esta manera según los sindicatos “la Junta nos deja en la
estacada porque está amenazada por la empresa con denunciarles por
prevaricación si les obligan a garantizarnos nuestros salarios, nuestras
jornadas y todos los puestos de trabajo".
Valoración
de la Junta
Desde
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha,
responsable del servicio de vigilantes señalan que la administración ha actuado
con sujeción estricta a la legalidad en materia de contratación. El consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha
expresado que confía en que la empresa adjudicataria aplicaque el convenio
sectorial de seguridad ya que "el concurso se sacó a licitación por el
importe para que a los trabajadores les fueran abonadas las retribuciones que
están contempladas en el convenio sectorial".
De este
modo, Ruiz Molina ha recalcado "con toda rotundidad" que si la
empresa adjudicataria no cumple "desde el primer minuto" o que los
trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o condiciones laborales,
"instaremos a la resolución del contrato", afirma el consejero.
En este
sentido, añade, que para ello tienen que producirse dos hechos: que entre en
vigor el contrato que será el 1 de mayo y
constatar que verdaderamente no cumple con el convenio sectorial. Y por
último ha querido recordar que la posibilidad de que las empresa aplique su
convenio y no el sectorial "es consecuencia de la Reforma Laboral del
PP".
Ruiz
Molina sostiene que el conflicto "no es con la Administración regional y
esperemos que no se produzca entre los trabajadores y la empresa
adjudicataria". Algo que los trabajadores no comparten por que esta semana
se han concentrado a las puertas del Palacio de Fuensalida y de las Cortes
regionales para denunciar que "la Consejería de Hacienda ha incumplido su
compromiso y nos ha puesto a los pies de los caballos".
Los
vigilantes de seguridad de la Junta se movilizan
- Los sindicatos exigen que este servicio no sea concedido a la empresa Sinergias Seguridad, puesto que podrían reducirse sus nóminas entre 300 y 350 euros mensuales en nóminas que apenas superan los 1.000 euros
Fuente:
http://cadenaser.com - ALEJANDRO MARTÍN
- Toledo 20/04/2017
Las
primeras concentraciones de los vigilantes de seguridad que la Junta tiene en
sus diversas sedes en Castilla-La Mancha se inician este jueves a las puertas
del Palacio de Fuensalida, sede del gobierno regional, y en las Cortes
regionales para impedir que se adjudique este servicio a Sinergias Seguridad.
Desde
los sindicatos, aseguran que los vigilantes de seguridad podrían perder entre
300 y 350 euros mensuales en unas nóminas que apenas superan los 1.000 euros al
mes, como ha ocurrido en la ciudad de Madrid, donde hace pocos días a esta
empresa se le ha adjudicado los servicios de vigilancia y seguridad de las
oficinas de empleo. Otra de las instituciones que ha adjudicado su seguridad a
esta empresa es el Ministerio de Empleo.
Todo
ello debido a que esta empresa cuenta con su propio convenio colectivo, en el
que el salario base se sitúa en poco más de 600 euros, cuando el convenio del
sector lo sitúa por encima de los 900 euros mensuales. Asimismo, los vigilantes
de Seguridad de la Junta trabajarían más horas y verían reducidos sus sueldos
desde los 15.000 euros anuales a los 9.000, tal y como ha asegurado Francisco
Baños del sindicato USO a SER Toledo.
Asimismo,
según este sindicato, se ha pedido a la Consejería de Hacienda incluir una
cláusula que evite que esta empresa pueda concurrir en el concurso público,
pero el gabinete jurídico de la Junta ha recomendado no introducir dicha
cláusula con el fin de poder rescindir el contrato sí esta empresa no cumple
con el pliego de condiciones del servicio.
En
total son 130 vigilantes con los que cuentan las distintas sedes de la Junta,
repartidos en las provincias de Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. Además, no
descartan nuevas movilizaciones como encierros o una huelga indefinida sí
finalmente Sinergia Seguridad se hace cargo de este servicio.
LABORAL
Los
vigilantes de seguridad de la Junta no descartan los encierros
- Los trabajadores de seguridad y vigilancia en los edificios de la Junta de Comunidades en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara --hasta 133-- van a seguir concentrándose tanto en las Cortes regionales como el Palacio de Fuensalida todos los jueves y no descartan llevar a cabo encierros si el Gobierno regional no "echa para atrás" el concurso que ha adjudicado el servicio a una empresa "pirata", que no les va a aplicar el convenio estatal "quitándoles todos los derechos".
Fuente:
http://eldiadigital.es – 20/04/2017
Así lo
ha indicado Juan Caro, integrante del Comité de Empresa de estos trabajadores,
que ha ofrecido una rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, dentro
de las llamadas 'ruedas ciudadanas' de Podemos, acompañado del secretario
regional de esta formación, José García Molina.
El
representante de los trabajadores ha advertido de que en base a este nuevo
contrato, que tiene una duración mínima de dos años y entrará en vigor a partir
del 1 de mayo, los trabajadores van a dejar de ser mileuristas para cobrar 690
euros, "por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".
Todo
ello porque la empresa --Sinergia-- "va a tener unos beneficios de 1,6
millones de euros y el Gobierno regional un ahorro de 350.000 euros, a costa de
que cada uno de los 133 trabajadores dejen de percibir al año 6.000
euros".
Dicho
esto, Caro ha criticado que el Gobierno regional, y en concreto el consejero de
Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, les haya
"dado largas y les haya engañado", pues se comprometió a obligar a la
adjudicataria, que les va a aplicar su propio convenio y no el estatal, a poner
en vigor las cláusulas sociales aprobadas de forma reciente.
"Pero
por amenazas de la empresa se han echado para atrás y nos han dejado en la
nada. El consejero ha dicho que antes era su familia que la de 130 familias
porque le iban a acusar de prevaricación", ha condenado Caro, que ha
agregado que la empresa podría haber amenazado al Gobierno regional con
denunciarle por prevaricación, pues han ganado legalmente el concurso de
adjudicación.
"Estas
empresas al ir fuera de convenio ofertan muy barato, van al límite, casi a la
baja temeraria", ha lamentado Caro, que ha agregado que dadas las
prácticas que lleva a cabo, Sinergia ha sido expulsada de la Comunidad de
Madrid.
LA JUNTA
PRECARIZA A LOS TRABAJADORES
De su
lado, el secretario regional de Podemos ha asegurado que se puede decir
"si se es benévolo" que con este pliego de condiciones la Junta
"ha cometido un error", aunque ha defendido que "más bien es una
forma encubierta de precarizar a los trabajadores para ahorrase ese
dinero".
Dicho
esto ha lamentado "cómo un ente público ha podido sacar un pliego de
condiciones que abre la puerta a una empresa casi pirata, imputada y condenada
en otras comunidades autónomas, porque hace una oferta económica insostenible e
indigna dejando a 133 familias en la absoluta precariedad".
Y es
que el líder de la formación morada ha afeado al Gobierno regional que incluso
haya tratado con "chulería" a estos trabajadores, pues ha explicado
que el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, le aseguró que el
asunto "estaba solucionado porque la empresa aceptaba aplicar el convenio
estatal".
"Cuál
ha sido nuestra sorpresa cuando tal acuerdo no es real y estas familias se van
a quedar en el umbral de la pobreza trabajando un montón de horas. Que esto
pase con el beneplácito de la Junta de Comunidades, es escandaloso", ha
concluido.
La Junta
asegura que instarán a la resolución del contrato
El
Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que "en el primer
minuto" en que consideren que la empresa adjudicataria del servicio de
vigilancia y de seguridad de los edificios de la administración regional en
Toledo, Cuenca y Ciudad Real "no cumple con el convenio sectorial" y
los trabajadores ven "merma en sus condiciones laborales", instarán a
la resolución del contrato.
"Lo
que afirmo con toda rotundidad es que desde el primer momento que constatemos
que los trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o condiciones
laborales, instaremos a la resolución del contrato, porque éste se sacó a
licitación por el importe para que a los trabajadores les fuera abonadas las
retribuciones del convenio sectorial y no el de empresa", ha destacado el
consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Así ha
respondido el titular de Hacienda a preguntas de los medios en una rueda de
prensa este jueves, día en el que estos trabajadores se han movilizado para
"defender sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales" frente
al Palacio de Fuensalida y las Cortes regionales, donde han criticado que esta
Consejería "haya incumplido su compromiso" y los ha puesto "a
los pies de los caballos".
Asimismo,
los trabajadores denuncian que la Junta ha entregado la contrata a una empresa
con un convenio colectivo propio "muy por debajo del estatal del sector,
sin incluir en el contrato la cláusula acordada para garantizar que la empresa,
Sinergias Seguridad, mantiene los empleos, salarios y jornadas vigentes hasta
ahora".
En este
sentido, el titular de Hacienda ha afirmado que la Junta ha actuado
"acorde a la legalidad vigente en materia de contratación, pensando que la
empresa adjudicataria va a aplicar el convenio sectorial de seguridad", y
ha añadido que "parece ser que la empresa, si quisiera aplicar el convenio
de empresa que tiene aprobado, y que está recurrido en los tribunales, no lo
puede aprobar".
"El
que exista la posibilidad de que las empresas apliquen su convenio de empresa y
no el convenio sectorial es consecuencia de la reforma laboral que aprobó el
PP. En este caso han sido varias administraciones las que han adjudicado a la
misma empresa subcontratas de seguridad como en el Ayuntamiento de Madrid o en
el de Barcelona", ha manifestado el consejero.
EL GOBIERNO DE PAGE RESCINDIRÁ
CON LA EMPRESA SI EMPEORA LAS CONDICIONES LABORALES
La Junta
hace piña con sus vigilantes de seguridad tras las protestas
Fuente: eldigitalcastillalamancha.es - 21/04/2017
.
El
Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que "en el primer
minuto" en que considere que la empresa adjudicataria del servicio de
vigilancia y de seguridad de los edificios de la administración regional en
Toledo, Cuenca y Ciudad Real "no cumple con el convenio sectorial" y
los trabajadores vean "merma en sus condiciones laborales", instarán
a la resolución del contrato.
"Lo
que afirmo con toda rotundidad es que desde el primer momento que constatemos
que los trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o condiciones
laborales, instaremos a la resolución del contrato, porque éste se sacó a
licitación por el importe para que a los trabajadores les fuera abonadas las
retribuciones del convenio sectorial y no el de empresa", ha destacado el
consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Así ha
respondido el titular de Hacienda a preguntas de los medios en una rueda de
prensa este jueves, día en el que estos trabajadores se han movilizado para
"defender sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales" frente
al Palacio de Fuensalida y las Cortes regionales, donde han criticado que esta
Consejería "haya incumplido su compromiso" y los ha puesto "a
los pies de los caballos".
Asimismo,
los trabajadores denuncian que la Junta ha entregado la contrata a una empresa
con un convenio colectivo propio "muy por debajo del estatal del sector,
sin incluir en el contrato la cláusula acordada para garantizar que la empresa,
Sinergias Seguridad, mantiene los empleos, salarios y jornadas vigentes hasta
ahora".
"Acorde
a la legalidad"
En este
sentido, el titular de Hacienda ha afirmado que la Junta ha actuado
"acorde a la legalidad vigente en materia de contratación, pensando que la
empresa adjudicataria va a aplicar el convenio sectorial de seguridad", y
ha añadido que "parece ser que la empresa, si quisiera aplicar el convenio
de empresa que tiene aprobado, y que está recurrido en los tribunales, no lo
puede aprobar".
"El
que exista la posibilidad de que las empresas apliquen su convenio de empresa y
no el convenio sectorial es consecuencia de la reforma laboral que aprobó el
PP. En este caso han sido varias administraciones las que han adjudicado a la
misma empresa subcontratas de seguridad como en el Ayuntamiento de Madrid o en
el de Barcelona", ha manifestado el consejero.
