Papeles del PP de Salamanca
apuntan a financiación ilegal en las municipales
El jefe de la campaña de 1999
anotó donativos en b de contratistas del Ayuntamiento
Fuente: El PAIS- RAFAEL MÉNDEZ Madrid 15 Dic 2014
Un documento del presupuesto de la campaña electoral del PP de Salamanca de 1999 apunta
donativos de empresas beneficiadas por el Ayuntamiento, algo prohibido por ley.
Se trata de un manuscrito realizado por Fernando Rodríguez
Alonso, coordinador de esa campaña y actualmente tercer teniente de alcalde de
la ciudad. Rodríguez Alonso apunta ingresos, algunos de ellos en b, de
compañías como Seragua (hoy de FCC), Eulen, Gecocsa, Curto y otras ilegibles.
Las firmas niegan que donaran dinero aunque el autor de las anotaciones admite:
"Pueden referirse a donativos al partido".
En 1999 el PP
aspiraba a renovar la mayoría absoluta obtenida en Salamanca cuatro años antes.
Su candidato era Julián Lanzarote. El jefe de campaña fue Rodríguez Alonso, que
lleva años entre bastidores en el partido.
El documento clave consta de tres páginas con membrete
del PP. Su autor lo define como "un esbozo" del presupuesto. Según
los papeles, el PP nacional le transfirió seis millones de pesetas (36.000
euros) para gastos. Sin embargo, anota a mano diferentes donaciones, con lo que
el presupuesto asciende a 27,4 millones (165.000 euros). El presupuesto real
multiplica por 4,5 el oficial.
Entre
las empresas que aparentemente donan dinero está Seragua. El coordinador de
campaña le anota 2,55 millones de pesetas (unos 15.000 euros). Sus notas le
apuntan a Seragua el pago de los PIP, los llamados Puntos de Información
Popular, donde el partido repartía propaganda.
Se
trata de la firma que junto a FCC ganó año y medio antes la privatización del
agua de Salamanca durante 25 años. "Pagó 18 millones de euros más un canon
anual y le permitían subir el recibo un 10% anual durante cinco años. Fue mal
negocio para la ciudad", opina Fernando Pablos, entonces concejal y hoy
secretario provincial del PSOE, que se opuso a esa privatización. Seragua, hoy
llamada Aqualia y propiedad de FCC, niega a través de un portavoz cualquier
pago.
El
esquema recuerda al de otras cajas b que han aparecido durante la investigación
de la trama Gürtel en el PP nacional, en Galicia o Valencia en esos años.
Rodríguez
Alonso mira los papeles con su letra en la sede del partido en Salamanca. A la
pregunta de por qué en algunos pagos anota A y en otros B, responde: "No
puedo señalar a qué puede obedecer. Creo que en aquel momento la normativa de
financiación de partidos políticos permitía a las empresas hacer donaciones en
metálico a los partidos. No soy experto en eso. Yo no llevaba las cuentas del
partido y creo entender que a lo mejor pueden referirse a donativos al partido
que en aquel momento estaban permitidos por la legislación. Ahora ya la
legislación se ha puesto evidentemente mucho más estricta, pero por aquel
entonces eran mucho más flexibles las cantidades que las empresas podían donar
a los partidos en campañas".
Desde
1987, la Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe a estos recibir donativos de
"empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, presten
servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración
Pública". La ley fue endurecida en 2007 para prohibir los donativos
anónimos.
Rodríguez
Alonso admite que había otros acuerdos: "Hay empresas contratistas del
Ayuntamiento que no hacían aportaciones a la campaña monetariamente, sino que
lo que hacían era en muchos casos colaborar, cerrar acuerdos de colaboración
informativos o publicitarios con medios de comunicación locales".
Otra de
las compañías que aparece es el grupo de servicios Eulen. En las anotaciones de
Rodríguez Alonso figura como donante de dos millones y como suministrador de
azafatas. La firma llevaba años con la concesión de mantenimiento de jardines
de la ciudad. El 31 de agosto de 1999, mes y medio después de esas elecciones,
Eulen ganó el concurso para gestionar cuatro piscinas municipales, contrato que
acabó este año. El coste anual para el Ayuntamiento ha sido de 654.633 euros,
según un informe municipal.
"Eulen
venía trabajando con el Ayuntamiento muchos años. No hay absolutamente ninguna
vinculación entre las contratas que pueda hacer el Ayuntamiento y las posibles
colaboraciones, en los términos en los que hayan sido, de empresas con campañas
electorales del PP", añade el autor de las notas. Una portavoz de Eulen lo
niega: "No nos consta el pago que nos comenta ni ningún otro de este tipo
ya que no es una práctica que se realice en la empresa".
Rodríguez
Alonso sostiene que él no era el responsable de las cuentas: "El
presupuesto provincial se lleva desde la gerencia provincial, no lo llevo
yo". En esas elecciones, el secretario provincial del PP era Alfonso
Fernández Mañueco, que iba de número dos en la lista. Hoy es alcalde y mantiene
a su lado a Rodríguez Alonso. Mañueco, una figura emergente, es secretario
regional del PP en Castilla y León, candidato a suceder a Juan Vicente Herrera
y presidente del comité de Derechos y Garantías del PP nacional, el que tramita
los expedientes en casos de corrupción.
También
figura en los papeles la empresa Curto, junto a la cifra de 4,65 millones de
pesetas y una B. El Grupo Curto es una conocida promotora de Salamanca. Esta
adquirió en 2000 el edificio que albergaba el Organismo Autónomo de Gestión
Económica y Recaudación del Ayuntamiento. El 30 de enero de 2001, el entonces
alcalde y hoy senador, Julián Lanzarote, firmó con Mario Curto un nuevo
alquiler por el que el coste para el Ayuntamiento subía un 60%: pasaba de 39
millones de pesetas al año (234.000 euros) a 62,64 (376.000 euros). El
interventor municipal puso reparos: "No consta ningún informe técnico
municipal que acredite que el precio es el adecuado al mercado".
Mario
Curto defiende el contrato de alquiler y niega que donara dinero al PP ni que
tuviera relación con el Ayuntamiento. Alega que entonces estaba centrado en
construir en Málaga. "En la legislatura 1999-2003 no tuvimos ninguna
relación con el Ayuntamiento", añade por correo: "No consentiremos
que se nos relacione con ningún grupo político, y menos con los supuestos actos
de financiación del PP".
La
última empresa reconocible es Gecocsa, otra constructora local. Su gerente,
Miguel Hernández, admite que viven en un 99% de la obra pública, y que un 25%
de su facturación procede del Ayuntamiento de Salamanca. Esgrime que
precisamente por eso es imposible que financiase con dinero negro la campaña:
"Contratamos con la Administración y por eso no generamos dinero b".
Hay
otras anotaciones que las fuentes consultadas no han identificado al 100%:
V.H., Limpiezas dipu, Diputación y ETT. Rodríguez Alonso afirma que no recuerda
a qué corresponden.
Anexo:El
PP ha hecho público un comunicado oficial sobre esta información en el que dice
textualmente:
"Los
documentos a los que hace referencia no reflejan en absoluto las cuentas de la
campaña realizada por el PP con motivo de las elecciones municipales y
autonómicas de 1999. La única contabilidad del Partido Popular de Salamanca
está, elección tras elección, auditada y controlada por el Tribunal de Cuentas.
Contabilidad que, ni en los ingresos ni en los gastos, coincide con la información
hoy publicada.
La
financiación de las campañas electorales del Partido Popular de Salamanca ha
respetado siempre de forma escrupulosa la normativa vigente en la
materia".
