jueves, 29 de junio de 2017

Concentración en Prensa: Por un Convenio de avance y no de retroceso

La conflictividad aumenta más que los sueldos
Los vigilantes de seguridad, apaleados por la crisis

  • Los sindicatos reclaman una subida salarial mayor que la de la patronal, además de luchar por no perder derechos adquiridos


  • Se manifiestan ante la patronal y no descartan tomar otras medidas, como huelgas en empresas puntuales


  • Los sindicatos denuncian que las empresas ganan contratos con ofertas bajas en base a recortes salariales


Fuente: bez.es - Feliciano Tisera   - 28 Junio 2017

Son mileuristas, trabajan noches y festivos con altos niveles de peligrosidad y siniestralidad laboral, en puestos de alta responsabilidad (aeropuertos, centrales nucleares), de cara al público en ambientes tensos (conciertos y centros de ocio). No es un colectivo con buenas condiciones laborales, pero quieren recortarle más. Los sindicatos plantan cara a una patronal que utiliza la reforma laboral para descolgarse del convenio sectorial.

Las tres mayores centrales sindicales (USO, UGT y CCOO) han convocado una protesta del sector frente a la patronal Aproser contra lo que consideran una precarización de sus condiciones laborales.  "Pretenden rebajar todas las mejoras que tiene el convenio respecto al estatuto de los trabajadores", dijo a bez.es Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical en la Federación de Construcción y Servicios de CCOO.

Cientos de vigilantes de seguridad de toda España se han concentrado hoy en la calle Marqués de Urquijo. Se trata de la segunda movilización ante la sede principal de Aproser durante la negociación del convenio colectivo del sector.

Los sindicatos reclaman una subida salarial del 3% para 2017 y otro 3% por cada año de vigencia del convenio y la patronal ofrece un 2% en 2017 y un 1,5% el segundo año.

"La concentración es sólo un primer paso, se pretende continuar con más medidas de presión según vaya evolucionando la negociación, y no se descarta ninguna", advierte Barragán, desde CCOO.

Al ser una actividad regulada por el Ministerio del Interior, muchas veces a cargo de la seguridad en infraestructuras críticas u organismos públicos, los servicios mínimos impuestos a los vigilantes -que pueden rondar entre un 80% y un 100%- limitarían la efectividad de una huelga general del sector. Por eso, los sindicatos optan por otras vías, como concentraciones ante empresas, presión sobre clientes o denuncias para que se hagan inspecciones de trabajo.

"Es necesario un paso adelante en la consideración de la figura del vigilante, es el momento de que se recuperen derechos sociales y salariales de un sector muy castigado por los últimos años de crisis, es el momento de modernizar el texto del convenio y de incluir las nuevas modalidades y perfiles profesionales que se están dando en el sector", agregó Barragán, de CCOO.

Los sindicatos denuncian que empresas que forman parte de Aproser (Alse, Eulen, Grupo Omega, Prosegur, Loomis, Sabico, Securitas, Segurisa, Trablisa) se han acogido a la posibilidad que brinda a las empresas la reforma laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo y hacer convenios de empresa, con prioridad de éstos sobre los sectoriales, y que cerca de un 30% de los casi 80.000 trabajadores del sector cobran 300 euros menos de media, un descuento especialmente lesivo para un trabajador mileurista. Aunque el número final de trabajadores es muy difícil de determinar debido a que es un colectivo con elevadas subcontratación.
   
Desde la patronal, que representa al 70% de los vigilantes de seguridad niegan que sus empresas se acojan a la reforma laboral porque su reglamento lo prohíbe.

"De hecho, las empresas que pertenecen a Aproser promueven lo contrario: el cumplimiento estricto e íntegro de la normativa laboral y del convenio colectivo de seguridad”, dijeron a bez.es desde la patronal, remitiéndose al punto 3.2.7.2.5 de su Especificación Técnica, el decálogo que determina los requisitos de gestión profesional y deontológicos de las empresas que pertenecen a la asociación.

"Tenemos que buscar otras maneras de combatir, con huelgas por empresas o servicios determinados, que incidan en clientes. Si hacemos huelgas puntuales, no sectoriales, generaremos unas incomodidades a las empresas, y estarán obligadas a hablar con los clientes",  señaló a bez.es Basilio Alberto Febles, secretario general de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).

Competencia en base a recortes salariales

Los sindicatos señalan que las empresas están precarizando en base a su competencia de precios: los recortes salariales son los que permiten bajar considerablemente las ofertas en las licitaciones públicas y así ganar contratos a costa de los salarios.

Esto es paradójico cuando la seguridad privada se expande progresivamente hacia la custodia y protección de lugares estratégicos y de alto riesgo y, "en contrapartida, los propios clientes valoren a las empresas con el único criterio de la oferta más económica, que normalmente es la de mayor incumplimiento", señalan los sindicatos.

Detalles de la negociación

En el aspecto económico, además de lo salarial, según los sindicatos, la patronal quiere eliminar la antigüedad, rebajar sus aportaciones en casos de bajas por enfermedad. Los trabajadores del sector tenían mejoras conseguidas en convenios anteriores y no quieren perderlas. Los tres primeros días de baja cobran el 50% y a partir del tercer día se incrementa la parte que subvencionan las empresas llegando hasta el 75% en bajas de mas de dos meses. Además, la patronal pretende congelar la antigüedad. "Estamos dispuestos a hablar de la congelación de la antigüedad pero a cambio de una subida del salario base que compense lo que pierden todos los trabajadores", señaló Febles, de USO.
MAD-SEGURIDAD VIGILANTES
Cientos de vigilantes piden convenio colectivo justo, sin retroceso laboral

Fuente: lavanguardia.com - 28/06/2017

Madrid, 28 jun (EFE).- Cientos de vigilantes de seguridad se han concentrado hoy frente a la sede de la patronal en Madrid en demanda de un convenio colectivo justo que no suponga un retroceso en sus condiciones y reconozca su labor junto a los cuerpos de seguridad en infraestructuras críticas y en momentos de alerta como el actual.

Esta concentración ha contado con la asistencia de vigilantes de toda España y ha sido la principal de las convocadas en varias ciudades.

"Seguridad privada en lucha, a más precariedad menos futuro. Empleo y convenio digno ya" resumía una de las pancartas durante la concentración convocada en Madrid por UGT, Comisiones Obreras y USO y la Plataforma Social de la Seguridad Privada, creada recientemente e integrada por los colectivos de trabajadores Alternativa Sindical, FSA-ATES, SPV, SPS y Federación Dignidad Obrera.

Lo han hecho en la puerta de la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), patronal de sector ubicada en la calle Marqués de Urquijo.

Esta calle ha sido cortada parcialmente al tráfico debido a la concentración, que ha reunido a mil personas según los organizadores y a unas seiscientas según fuentes policiales.

Se trata de la segunda movilización ante la sede principal de Aproser durante la negociación del convenio colectivo del sector, que afecta a unos 80.000 profesionales.

El secretario del Sindicato de Seguridad de UGT, Diego Giráldez, ha explicado que "no se puede seguir impasible hacia un convenio de retroceso" con "unas condiciones precarias".

Ha subrayado que la seguridad privada "juega un papel fundamental en la seguridad pública", entre otras cosas "protegiendo instalaciones de alto riesgo que están siendo adjudicadas de forma precaria" en un momento de nivel 4 de alerta terrorista y justo esta semana colaborando en la seguridad del Orgullo Mundial.

Desde Comisiones Obreras Daniel Barragán ha asegurado que "la patronal quiere "rebajar todas las condiciones salariales y de derechos" y ha incidido en la necesidad de mejorarlas "porque las patronales ni cumplen el convenio".

Txomin Marañón, de USO, ha criticado que la patronal "proponga una rebaja del 26 % en la negociación" y tras "seis años de retroceso".

Ha incidido en que aproximadamente el 60 % de estos profesionales trabajan para la administración pública y controlan puntos sensibles como aeropuertos, estaciones o centrales nucleares.

En la misma línea, desde la Plataforma Social de la Seguridad Privada su portavoz Alberto García y su responsable jurídico José Luis Campillo han asegurado que no van a permitir que los vigilantes pierdan 300 euros al mes o vean eliminado su derecho a ser subrogados en sus puestos.

Han detallado que la patronal quiere precarizar el sector "echando la culpa a empresas piratas, como las de Miguel Ángel Ramírez", quien firma "convenios leoninos", ha dicho, en referencia al dueño de Seguridad Integral Canaria, que tiene contratos con la Seguridad Social, Defensa y la Agencia Tributaria.

Y para evitar esto están dispuestos a convocar una huelga si la negociación no avanza.

Sobre este conflicto, Aproser -que agrupa al 70% de las compañías del sector- ha explicado en un comunicado que la industria de la seguridad privada ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20 % desde el año 2009.

Ha subrayado que en 2016 se pactó un incremento salarial del 2,48 % que ya se aplica, y ahora "las empresas han hecho un nuevo replanteamiento" con varias materias "capitales para garantizar la viabilidad futura del sector".

"Aproser reitera su voluntad de mantener abierto el proceso de negociación con el fin de alcanzar a la mayor brevedad un acuerdo equilibrado", concluye el comunicado. EFE


lunes, 26 de junio de 2017

Una seguridad privada a precio de saldo
















Una seguridad privada a precio de saldo
  • Los guardianes de la protección en España tienen que lidiar con el intrusismo, márgenes ajustados y salarios muy moderados, en un sector que cada vez colabora más con la Administración


Fuente: elpais.com - MARÍA FERNÁNDEZ - Madrid 23 JUN 2017

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa Seguridad Integral Canaria, está considerado el rey del low cost en su sector. Y no por méritos corporativos. Presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias a que somete a su plantilla, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”, obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de trabajo. Sus compañeros de profesión llaman a empresas como la suya “piratas” que tiran los precios.

Ese es, según los expertos, el talón de aquiles de un sector considerado uno de los mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles (74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso en el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y normalmente retribuyen menos.

“Se firma cualquier barbaridad. Algunas empresas colocan de representantes de los trabajadores a personas a dedo, socios o familiares. El problema es que desde la Administración se adjudican a estas empresas concursos porque solo se valora el precio. Y si dijéramos que el salario del convenio sectorial es altísimo…, pero no es el caso”, analiza Daniel Barragán, secretario de acción sindical de la federación de Servicios de CC OO.

A Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, le choca comprobar que en un sector tan controlado, donde el factor humano determina el coste final, haya unas empresas “que licitan a unas cantidades que cubren los costes salariales y además obtienen beneficios, mientras otras necesitan descolgarse del convenio colectivo para subrogar a los mismos trabajadores que ya estaban prestando el servicio en organismos oficiales, siendo estas últimas las que se quedan con el pastel”.

Este y otros motivos han hecho que la facturación del sector se haya visto muy mermada en los últimos años. Las 1.534 empresas registradas en el Ministerio del Interior ingresan en España menos que hace una década: fueron 3.481 millones en 2015. Entre 2009 y 2014 las caídas del negocio llegaron a un ritmo del 8% anual. Gracias al aumento de la demanda de alarmas e instalación de equipos, en 2016 las cosas comienzaron a ir moderadamente bien, con crecimientos del 2,7%, hasta los 3.580 millones, algo que, sin embargo, no compensa lo perdido en años anteriores.

 INFOGRAFÍA
La seguridad privada en España
Perfiles por sexo y formación y tipos de contrato



































En el resto del mundo la seguridad, desde la vigilancia a la instalación de alarmas, el transporte de explosivos, el traslado de fondos o la protección personal, es un mercado con buenas perspectivas. Según un estudio de la firma de análisis Freedonia, los servicios de seguridad privada mueven 161.000 millones de dólares en el mundo, y se estima que crecerán a un ritmo medio anual del 6% hasta 2020.

La mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de The Guardian. “En el sentido más amplio, el interés por los servicios de seguridad está impulsado por el riesgo de la delincuencia. A pesar de que las tasas de criminalidad caen en un gran número de países, existe una percepción generalizada de que la delincuencia va en aumento”, valora el informe de Freedonia.

En España no es exactamente así: la tasa de criminalidad, según el balance que hace el departamento de Seguridad Nacional, no ha dejado de caer en los últimos años, “pero también lo hace la percepción social de inseguridad”, añaden desde el Ministerio del Interior. En las encuestas del CIS de mayo de 2010 la inseguridad preocupaba a un 9,7% de los ciudadanos, mientras que el pasado diciembre tan solo era de un 3,2%.

Contratos por los suelos

La Administración genera contratos por importe de 600 millones por la custodia y vigilancia de sus infraestructuras y edificios. “Pero los sueldos son paupérrimos. Para los vigilantes y para todos los que trabajamos en seguridad”, lamenta el presidente de la asociación de profesionales de jefes de seguridad, Antonio Cedenilla. “Hay una competencia brutal de las empresas pirata para conseguir servicios. Lo único que quieren es gran volumen. Los beneficios han sido muy exiguos. Han cerrado empresas, pero creo que hemos tocado fondo y ahora reemprenderemos el vuelo”, repasa Cedenilla. “No estamos en una situación trágica de otros momentos, pero todavía nos queda un tiempo para la recuperación”, añaden en Aproser.

“La culpa de esta situación la tienen las propias empresas con sus estrategias. No creemos que estén perdiendo dinero, no son hermanas de la caridad”, contrapone Barragán (CC OO). El “descuelgue” del convenio sectorial es la práctica más criticada. Para UGT, modificar la reforma laboral es clave para “recuperar su prevalencia ante los acuerdos de empresa”.

Alejandro Fernández, consejero delegado de Ilunion Facillity Services, calcula que alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector. “Más del 90% de los costes de una oferta suelen ser por la mano de obra. Si una propuesta está un 30% o un 40% por debajo de la nuestra, es obvio que no se trata de un tema de ahorro por una mejor o peor gestión. Ahí entran salarios de 700 euros. Eso daña el servicio y va expulsando a otros operadores, como nosotros, porque tenemos claro que no vamos a precarizar el sector”.

La empresa que dirige tiene 5.000 trabajadores, medio millar con algún tipo de discapacidad. “Estamos tratando de aplicar criterios de gestión muy estrictos, estudiamos muy bien en qué operaciones entramos. Lo hemos pasado un poco mal estos años, pero no hemos sido la excepción”. Cree que han pasado una época de “huida hacia adelante”, donde las empresas se han tenido que proteger para cubrir los costes de estructura. “Tocará una nueva situación que permita una subida de precios”, augura. ¿Cómo? “La forma de salir de aquí es capacitando a nuestra gente, ofreciendo algo mejor, especializándonos”.

Prosegur, el líder del mercado, factura cerca de 4.000 millones en el mundo y está fuertemente internacionalizado: en España su plantilla alcanza los 27.000 empleados sobre un total de 160.000. “Tenemos un crecimiento consistente en ventas y rentabilidad. Nuestra estrategia para crear valor ha empezado a dar resultados”, señaló Antonio Rubio, el director financiero, durante la presentación del último balance a los analistas. Es una de las más dinámicas en la apuesta por la convergencia entre seguridad física y lógica. “El sector se está adaptando. El mercado de la ciberseguridad crece a un ritmo del 25% anual. Prosegur tiene un potente departamento”, valora Iván Rubio, director de la revista Cuadernos de Seguridad.

Nichos de mercado

Eulen, otro gran actor, también ha girado el enfoque de su negocio. “Llevamos impulsándolo desde 2008. Las empresas tienen la necesidad de asegurar todos sus activos, tanto tangibles como intangibles, eso nos ha llevado a integrar servicios de vigilancia con sistemas de seguridad (física y electrónica), inteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia”, explica Luciano Valladares, director de Eulen Seguridad. Este año esperan alcanzar los 207 millones en facturación. Lo que sí han notado, apunta Valladares, es que el principal servicio que disminuye es “la vigilancia convencional”, frente a la creciente demanda de acciones en infraestructuras críticas.

En Securitas Direct, por ejemplo, combinan la innovación entre sus centros de Malmö (Suecia, país sede de la empresa) y Madrid. “En ellos trabajan más de 350 ingenieros en un gran abanico de especialidades”, analiza Cristina Rivas, directora de tecnología. Desde Internet de las cosas hasta procesado de imágenes, reconocimiento de voz, diseño de interfaces de usuario o big data. “Habitualmente trabajamos de forma simultánea en cinco o seis innovaciones”.

Más allá de estos grupos, sin embargo, fuentes empresariales reconocen que la seguridad privada en España no es un sector lo suficientemente atractivo para captar capital de otros países, ni tampoco brilla por su gran múscu­lo exportador o por su desarrollo tecnológico. “Estamos poco concienciados, y lo vemos en la poca atención que dedicamos a los primeros auxilios o a la protección contra incendios. Estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 [considerado alto] y tenemos a los vigilantes presando el servicio con una defensa de goma, lamenta José Ignacio Olmos, de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. “La seguridad siempre se ve como un gasto, y en cambio puede ser una ventaja competitiva”.

Una ventana de oportunidad se abre en el corto plazo para que el sector crezca: la Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene un artículo (el 41.3) que autoriza a que las empresas privadas participen “en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. Se ha especulado —y polemizado mucho— sobre si es lícito que un vigilante pueda llegar a actuar en una manifestación, o haga identificaciones en una zona pública, por ejemplo. “Antes no estábamos acostumbrados a que los vigilantes realizasen funciones de escoltas (como en el País Vasco), que estuviesen en aeropuertos, desempeñasen servicios en aguas internacionales o vigilasen determinados espectáculos, y ahora es normal.

La ley, por su técnica legislativa, y por una flexibilización del concepto de la vía pública, ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos servicios que puedan desem­peñar las empresas en el futuro”, recuerdan en Aproser. “Si tiene sentido la vigilancia de un centro comercial, ¿por qué no lo tiene en una zona comercial delimitada de una ciudad?”, se preguntan. “Cada caso tendrá que analizarse y el papel que tengamos que desempeñar lo irán definiendo las necesidades”.

El reglamento que desarrolla la ley, sin embargo, no se ha aprobado —continúa vigente el del año 1992—, y con el actual mapa político no se anticipan cambios muy drásticos.

 “Sin saber su contenido es difícil valorar cómo nos va a afectar”, piensa el responsable de CC OO. “El tema más delicado está en servicios de seguridad pública. Se baraja que puedan ejercerse funciones complementarias, como en otros países de nuestro entorno donde eso está más avanzado, incluso con patrullas externas controladas por la policía ejerciendo sus funciones en la calle. Pueden llegar a detener o participar en funciones policiales”.

La línea roja, para Barragán, es “que no se use a los trabajadores como arma arrojadiza. No se les puede poner en situación de indefensión. Policías y vigilantes no tienen el mismo oficio”.

El ejecutivo de Ilunion pronostica que habrá un nuevo desarrollo dentro del sector de prisiones, los eventos y las infraestructuras críticas (las que se consideran estratégicas para que funcionen los servicios esenciales del país).

Poca formación

¿Está capacitado el sector para afrontar un mayor papel cuando el 45% de los vigilantes solo ha completado la enseñanza obligatoria y solo el 8% son licenciados o diplomados? “Muchos profesionales no se están formando sobre las nuevas vías de negocio que se abren”, juzga Iván Rubio. Por ejemplo, sólo las personas acreditadas del sector pueden operar un dron para funciones de seguridad privada. “La ley establece las horas obligatorias de formación, pero se debería mejorar el reciclaje de los profesionales”. Es más, añade Gianluca D’Antonio, director académico del máster en Ciberseguridad del IE, “las nuevas tecnologías van más rápido, el mercado de la seguridad avanza hacia otro perfil de empleo y el sector tiene que reflexionar sobre la gestión de los recursos humanos”.

Yendo más lejos, hay quien incluso apunta a que la colaboración público-privada crezca como brazo de los servicios de seguridad ciudadana. “Los responsables de banca ya colaboran con las autoridades en temas de ciberseguridad. Hay otros campos, como la amenaza yihadista, donde se está trabajando”, añade Rubio.

EL PELIGRO ESTÁ EN LA RED
Según el Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 234.174 casos de hurto, casi los mismos que el año anterior. La gran distribución y el comercio minorista son las empresas que más invierten en antenas conectadas con etiquetas adhesivas o duras que se encuentran en la ropa y otros productos. También se instalan cajas de policarbonato o las llamadas “arañas”, alarmas que “abrazan” productos que suelen ser muy caros. Antes las empresas se limitaban a suministrar la alarma. “Ahora se ofrecen sistemas donde todo se conecta. A través de un sofware ves lo que sucede en la tienda. Ofrecemos sensores y soluciones basadas en la identificación por radiofrecuencia. Cada artículo tiene un identificador como si fuera un DNI. Si sale de la tienda sabemos qué artículo es de forma remota”, detalla David Pérez del Pino, director de Checkpoint Systems en España y Portugal, “España es el país que más invierte en sistemas para la prevención de hurtos. También es uno de los más afectados por esta práctica”.

Es un ejemplo de cómo el futuro del sector es convergente: la seguridad física y la lógica van camino de integrarse. Es una tendencia imparable, juzga Gianluca D’Antonio, director académico del Master in Cybersecurity del IE y presidente de ISMS Fórum Spain. “Las grandes multinacionales de defensa, tanto en Estados Unidos como en Europa, están desarrollando el mercado de ciberseguridad.

El negocio tradicional va a cambiar. Dentro de cinco años la sociedad será básicamente digital, domotizada, sensorizada… esto se tiene que tomar en serio. Vamos muy por detrás de los malos”. Se calcula que el cibercrimen mueve 280.000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Irlanda. “Se va a convertir en una prioridad para muchas empresas, porque pueden darse ataques a personas o a equipamientos”. S21 SEC, Necsia, Counter Craft son algunas empresas medianas, de entre 100 y 200 empleados, que desarrollan sus propios productos en competencia con gigantes del sector como Indra o Telefónica. Desde la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) lo ven como un camino que no tiene marcha atrás. “Es verdad que en la realidad muy pocas empresas se conjugan la seguridad física y lógica, pero los análisis de riesgos van siendo comunes, aunque el camino es lento”.


UNA PROFESIÓN DURA Y POCO RECONOCIDA
La Policía Local de Fuenlabrada (Madrid) denunció el mes pasado a la empresa de seguridad de un centro comercial de la ciudad porque sus vigilantes acosaban, supuestamente, a clientes homosexuales, gitanos, subsaharianos y magrebíes. Previamente, dos jóvenes de 18 y 20 años habían sido expulsados de la zona por besarse mientras paseaban. “La percepción de los compañeros que se dedican a la vigilancia no es la mejor”, recuerdan en CCOO.

Una encuesta de la patronal realizada entre un millar de personas muestra que el 62% valora positivamente las funciones de los vigilantes y que el 57% no los sustituiría por personal público. La mayoría reconocen que se trata de una profesión dura y menos de la mitad identifica a los profesionales con una figura de autoridad.


El 73% cree que la profesión no tiene el reconocimiento social y solo el 24% indica que la sensación de seguridad es la cualidad más valorada. Los ciudadanos, según el sondeo, no apuestan porque la presencia de los vigilantes se amplíe a zonas públicas: solo el 11% demanda seguridad privada en las calles, el 8% en colegios y universidades y el 8% en jardines y parques.

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada















Canarias
Dos detenidos por robo en un centro comercial de La Palmas

Fuente: abc.es - R.L.P. - Las Palmas De Gran Canaria - 26/06/2017

La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a un hombre de 22 años, de nacionalidad boliviana y con antecedentes policiales, y a una mujer de 34, de pasaporte ruso, como presuntos autores de un delito de hurto en un centro comercial de la capital.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias informa este lunes que los hechos se desencadenaron tras la llamada al teléfono 091 de los responsables de seguridad de un centro comercial de la zona alta de la capital grancanaria, que comunicaban que tenían retenidos a un hombre y una mujer por hurto.

Ambas personas fueron requeridos por los vigilantes de seguridad cuando abandonaban un establecimiento con gran cantidad de artículos ocultos en el interior de una mochila y por los que no habían pagado.

Los policías que se desplazaron al lugar realizaron a ambos un cacheo de seguridad y recuperaron del interior de una mochila varios artículos propiedad del comercio por valor de 440 euros, entre los que se encontraban tres tabletas electrónicas.

En las pertenencias de la mujer fue localizada una llave de taquilla perteneciente a un comercio cercano, del interior de la cual fueron recuperados más artículos sin pagar por valor de otros 102 euros.

Después de entregar todos los efectos a sus propietarios, los agentes procedieron a la detención de ambos sospechosos como presuntos autores de un delito de hurto.


Instruido el correspondiente atestado policial, los detenidos, de iniciales L.D.S.A. y Z.S., fueron puestos a disposición de la Justicia, destaca la fuente, que agrega que la intervención fue llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Las Palmas.

Concentración: Por un Convenio de avance y no de retroceso























El comprador israelí abandona a Segur Ibérica y deja en el aire 1.000 empleos

SEGURIDAD PRIVADA
El comprador israelí abandona a Segur Ibérica y deja en el aire 1.000 empleos

La falta de transparencia podría haber sido el motivo de que I-Sec rechace quedarse con la empresa de seguridad, aún en disposición de grandes contratos en Metro de Madrid, Renfe, Telefónica o la Embajada de Estados Unidos.

Fuente: vozpopuli.com - 22.06.2017

La falta de transparencia sobre las cuentas de la empresa parece haber sido el motivo por el que el I-Sec Technologies, empresa de defensa israelí con intereses en aeroespacial, naval, electrónica o logística, ha decidido dar marcha atrás en la compra de las divisiones de Segur Ibérica que restaban por vender, una serie de contratos que englobaban importantes clientes como Metro de Madrid, Renfe, Telefónica o la Embajada de Estados Unidos y que actualmente dan trabajo a unas 1.000 personas cuyo futuro queda en el aire.

En concurso desde el 22 de diciembre, este miércoles se dio a conocer un documento del administrador PwC donde se indicaba que "I-Sec, quien había realizado una oferta por las Unidades Productivas de vigilancia y seguridad de Segur Ibérica, S.A. y por la de servicios auxiliares de Consorcio de Servicios, S.A., informó de que se retiraba del proceso de compra de tales Unidades Productivas". Por tanto, se veía "en la obligación de iniciar la siguiente fase del procedimiento de liquidación todo ello conforme al plan de liquidación aprobado el pasado 24 de abril de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid".

¿Qué pasará entonces con los contratos que aún sigue realizando Segur Ibérica? Los sindicatos aún tienen pendiente reunirse con el administrador para ver qué opciones hay y evitar si es posible "la presentación de los contratos a la resolución judicial por parte del Juez del Concurso". PwC buscará subrogaciones de contratos con otros proveedores de servicios que elijan los propios clientes, para que haya una continuidad en los servicios.

Declive por nula rentabilidad

El pasado marzo, se publicaba en el BOE la liquidación de la compañía de seguridad decretada por un juzgado mercantil de Madrid y se enfilaba el camino a la venta por partes de la compañía, que llegó a ser la segunda empresa del sector por facturación pero que llevaba mucho tiempo en el disparadero, atenazada por falta de rentabilidad. El pasado verano circularon documentos judiciales que hablaban de que la compañía había sido embargada por un juzgado, y desde entonces todo han sido malas noticias en un grupo que empleaba a 7.000 personas, la mayoría de las cuales han conseguido ser subrogadas a otras empresas que adquirieron sus contratos.


Controlada en su capital por los fondos de capital riesgo MCH Private Equity y Corpfin,Los fondos propios de la compañía han ido desapareciendo desde el año 2010, en que alcanzaron sus máximos. Así, de los 66 millones de euros que se lograron en dicho año pasaron a 44 millones en 2011, 37 millones en 2014 y 28 en 2015. Pero curiosamente la cifra de negocio apenas ha caído en la crisis, manteniéndose muy próxima a los 170 millones de euros desde el año 2008. De igual modo, los gastos en personal, también bastante estables, no superaron los 160 millones de euros en 2015 mientras la facturación era 9 millones de euros superior.

Varias empresas de seguridad en la lista de morosos de Hacienda

El dinero de todos
La empresa de seguridad que presidió el exministro Morenés debe 12 millones de euros a Hacienda

  • Segur Ibérica, la empresa que presidió el ex ministro de Defensa Pedro Morenés, aparece en el nuevo listado de morosos de Hacienda

  • El Gobierno adjudicó a Segur Ibérica 93 millones de euros en contratos públicos mientras Morenés estaba en el cargo, según publicó eldiario.es

  • Otras compañías de seguridad como Seguridad Integral Canaria, Seguriber o Ombuds aparecen en la lista de morosos del Gobierno

Fuente: eldiario.es - Raúl Sánchez  - 23/06/2017
Segur Ibérica, la empresa que presidió el ex ministro de Defensa Pedro Morenés antes de entrar al cargo debe 11,9 millones de euros a Hacienda, según la última lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria este viernes con datos correspondientes al cierre de 2016. Es la primera vez que el grupo Segur entra en la lista de morosos publicada por el Gobierno.

El exministro presidió el consejo de administración del grupo de seguridad privada Segur entre noviembre de 2011 y enero de 2012, según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil. Mientras Morenés fue el titular de Defensa, Segur Ibérica se llevó más de 93 millones en adjudicaciones del Gobierno, según reveló una investigación de eldiario.es.

La mitad fue adjudicada en tres contratos celebrados en vísperas de elecciones generales de 2015.

Solo en diciembre de 2015, el último mes de la legislatura, Segur Ibérica recibió más de 37 millones en adjudicaciones del Gobierno. Esta cifra igualó todo lo que había recibido en el resto de la legislatura presidida por Mariano Rajoy,   tal y como adelantó eldiario.es.

Más empresas de seguridad en la lista de morosos

Además de Segur Ibérica, muchas empresas de seguridad aparecen en listado de morosos de la Agencia Tributaria a 31 de diciembre de 2016. Entre ellas, Seguridad Integral Canaria, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

El empresario, que acumula decenas de contratos para vigilar edificios del Gobierno, Metro de Madrid o el Gobierno de Canarias, es otra novedad de este año en la lista de deudores del Gobierno. En total, la deuda de su empresa con la Agencia Tributaria asciende a los 2,96 millones de euros.

Esa deuda se corresponde, según la compañía, con el retraso dos pagos de IVA a 31 de diciembre de 2016, fecha del cierre de la lista dada a conocer este viernes. Fuentes de Seguridad Integral Canaria aseguran que esa deuda ya está satisfecha y que el retraso es producto de tensiones de tesorería provocadas, entre otras cuestiones, por la demora de las administraciones en pagar los contratos que tiene concertados con ella.

La compañía de seguridad Seguriber, propiedad de la empresaria Mónica de Oriol, aparece en el nuevo listado de morosos con una deuda de 2,14 millones de euros. Oriol fue presidenta del Círculo de Empresarios y también consejera de la tecnológica Indra.


Oriol abandonó en marzo la presidencia del Círculo de Empresarios tras agotar un mandato en el que, entre otras polémicas, mostró preferencia por contratar "a una mujer de más de 45 o de menos de 25 años" para evitar "el problema" de que se quede  embarazada  o arremeter contra las personas "  con cero cualificación " que, dijo, no valen "para nada". También ha acaparado titulares por la construcción de una   cancha de polo  en una zona de protección ambiental.

viernes, 23 de junio de 2017

Detenido el camionero que empotró su camión contra la garita de los vigilantes

Detenido el camionero que empotró su camión contra la garita de IVECO

  • Está acusado de un delito de daños y de otro de tentativa de homicidio


Fuente: miracorredor.tv -  jueves, 22 de junio de 2017  

El camionero español de 41 años que este miércoles empotró su camión contra la garita de seguridad de la fábrica de IVECO, junto a la A-2, ha sido detenido por la Policía y pasará en las próximas horas a disposición judicial, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid a MiraCorredor.tv.

El hombre, según las mismas fuentes, está acusado de un delito de daños y de otro de tentativa de homicidio, ya que la garita estaba ocupada por los vigilantes de seguridad que tuvieron que salir de ella corriendo cuando vieron que el vehículo iba a impactar contra la instalación.

Según las primeras investigaciones, el camionero, que prestaba servicios externos a la empresa, llevaba varios días esperando para poder entrar y descargar la mercancía que portaba en su camión de gran tonelaje.




El camión empotrado (Bomberos Ayto. Madrid).


En un momento dado, quería entrar en la planta pero los vigilantes de seguridad se lo impidieron al no querer ponerse el chaleco reflectante pertinente ni los zapatos de seguridad. Quería entrar en chanclas, según manifestaron los testigos.

Según testigos de lo ocurrido, el camionero, le dijo a uno de los vigilantes: «Te empotro el camión en la garita», a lo que el vigilante le espetó «No hay huevos».

Tras una larga discusión con los vigilantes, se subió al camión, lo arrancó, aceleró y lo empotró contra la garita, derribando una parte de la misma y quedando parte del vehículo dentro del edificio.

El conductor resultó herido leve y fue trasladado por el SAMUR al Hospital Ramón y Cajal de Madrid para ser tratado de las contusiones que sufría. Una vez recuperado, ha sido detenido.


Afortunadamente, nadie más resultó herido.