miércoles, 20 de agosto de 2014

La seguridad, asignatura pendiente en los autobuses

CÁDIZ

La seguridad, asignatura pendiente en los autobuses


Conductores de las líneas interurbanas insisten en la necesidad de tener un vigilante en los recorridos de la Bahía y de la Janda para evitar conflictos


Fuente: lavozdigital.es - 20.08.14   - PILAR SOLÍS  CÁDIZ.

«Cualquier día va a saltar la chispa y va a ocurrir un accidente grave», afirma Francisco Ríos del Sindicato Andaluz de Conductores. Llevan años advirtiendo de la necesidad de incrementar la vigilancia en las líneas interurbanas en el primer turno de los sábados y los domingos, sobre todo las que circulan por la Bahía y por la Janda. Es una reivindicación por la que llevan varios años luchando. «Después de mucho insistir conseguimos que pusieran un vigilante de seguridad en la primera parada del autobús que controlara a las personas que accedían al mismo, luego que se subieran aunque de momento sólo lo hacen hasta la última parada de Cádiz, después el conductor se encuentra sólo ante el peligro». Por eso siguen exigiendo al Consorcio de Transportes que accedan a su petición y el vigilante se mantenga durante todo el recorrido. «Pedimos que acompañe al conductor desde las 6.00 horas que sale el primer autobús hasta las 8.30 horas, que es cuando ya se tranquiliza la situación, son poco más de dos horas que pueden ayudar a resolver algún episodio violento, porque la pelea puede saltar en cualquier punto de la carretera».

De momento, el verano ha transcurrido sin grandes incidentes, «existe una especie de calma chicha que puede cambiar en cualquier viaje», explica Pedro Vázquez, presidente del comité de empresa de Comes. «A principios de julio tuvimos un altercado que pudo acabar en algo serio.

Cuando el autobús se encontraba por la carretera camino de San Fernando, dos jóvenes comenzaron a pelearse y uno de ellos cayó sobre la máquina expendedora de tickets. Si lo hubiera hecho sobre el conductor no sabemos que podría haber ocurrido». Y no son sólo los altercados. «El fin de semana pasado, con la celebración de las Barbacoas hubo varios asientos rotos y hasta nos encontramos con que habían defecado en uno de los autobuses, de haber tenido a un vigilante dentro no hubiera ocurrido», añade Vázquez.


 Dos son las zonas especialmente conflictivas. Por un lado, en la Bahía de Cádiz la línea que se mira con más recelo es la que va de Cádiz a San Fernando «tanto a San Fernando Sur como Norte», señala Francisco Ríos, pero también el camino a Chiclana o a Puerto Real. «A mi me ha pasado que, cruzando el puente Carranza, rompieron una de las lunas del autobús y un hombre intentó tirar a otro por la ventana. También en una feria de Puerto Real hubo una madrugada que varios jóvenes se subieron al techo del autocar porque no cabían dentro. El conductor no se percató y arrancó. Viajó así durante unos metros hasta que le avisaron. Hemos visto verdaderas barbaridades».

También es complicada la zona de la Janda, sobre todo los autobuses desde Conil o Barbate. «Son zonas de mayor aglomeración de jóvenes durante el verano y es muy frecuente que cuando se suban al autobús lo hagan ebrios o incluso bajo los efectos de estupefacientes».

Denuncia archivada

Situaciones como éstas ya la pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Salud Laboral. Fue CC OO quien informó de todos los hechos para que tomara cartas en el asunto «pero al no haber ocurrido una agresión contra el conductor la archivaron», explica Pedro Vázquez. «Parece que tenemos que esperar a que pase algo grave para que la Fiscalía actúe». Desde el Sindicato Andaluz de Conductores también se está estudiando la posibilidad de volver a poner en conocimiento de este tipo de situaciones a la Fiscalía con el objetivo de que tome medidas «antes de que pase algo realmente serio».


Mientras tanto seguirán exigiendo al Consorcio de Transporte que amplíen las medidas de seguridad. «Ya no sólo con el vigilante durante todo el recorrido, también con la colocación de mamparas que protejan al conductor como ya se hacen en otras ciudades». Así lo volverán a exponer en una reunión que mantendrán en septiembre con la empresa y con el Consorcio.

Aeropuerto Barajas: Cinco encapuchados asaltan una nave de carga

Cinco encapuchados asaltan una nave de carga de Barajas


Los ladrones hirieron con un hacha a un vigilante de seguridad


Fuente: el pais.com - F. JAVIER BARROSO Madrid 19 AGO 2014

Extraño y peligroso suceso el que se vivió la madrugada del pasado lunes en una nave de la terminal de carga del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Cinco encapuchados irrumpieron en el edificio armados con pistolas y hachas y agredieron a los responsables de vigilancia. Su intención era hacerse con el contenido de las cajas fuertes pero al final tuvieron que huir sin ningún botín, según fuentes policiales.

El intento de robo ocurrió alrededor de las seis de la mañana del pasado lunes 18, en la nave de una compañía internacional dedicada al transporte de mercancias, entre otros negocios. La terminal de carga se encuentra justo a la entrada del aeropuerto, junto a la autovía de Barcelona (A-2), y allí se reciben envíos de todo tipo y procedencia para su posterior reparto tras pasar por la aduana.

A esa hora, las seis de la mañana, es cuando se abre la puerta para que accedan los empleados. Fue el momento utilizado por los ladrones para irrumpir en el edificio. Según declararon al menos tres testigos a los agentes de la comisaría del aeropuerto, todos ellos iban armados con pistolas y al menos un hacha. Los asaltantes entraron dando tiros al aire y pegando gritos para intimidar a los empleados.

Se dirigieron directamente a un empleado de seguridad, de 32 años de edad, al que golpearon al menos en dos ocasiones. Le pegaron en la nariz y en la cabeza. Otro de los trabajadores, de 55 años, también sufrió lesiones en una pierna, según informaron ayer fuentes policiales.

Los encapuchados subieron a la fuerza a la primera planta a los empleados (los dos heridos y un tercer vigilante) y les obligaron a que abrieran las cajas fuertes de las oficinas. Las víctimas les dijeron que no lo sabían, por lo que fueron golpeadas.

Al ver que no se podían hacer con su botín, se llevaron dos juegos de llaves. Bajaron a la carrera y se montaron en dos BMW que les estaban esperando en la puerta. Después huyeron a toda velocidad en dirección a la autovía de Barcelona.


El vigilante que resultó herido fue trasladado a un centro hospitalario para ser curado de las heridas. Agentes de Policía Científica hicieron la inspección ocular de la nave en busca de vestigios y pruebas que permitan identificar a los autores.

viernes, 15 de agosto de 2014

Vigilantes de Serramar Melilla tiene que viajar a Cádiz para cobrar

Vigilantes de Serramar tienen que viajar a Cádiz para cobrar atrasos

Fuente: elfarodigital.es -  14 AGOSTO 2014 - TANIA COSTA


La empresa que mantiene siete trabajadores en Melilla abona las nóminas con pagarés.

Los vigilantes de seguridad a los que Serramar debe nóminas atrasadas han tenido que hacer las maletas y viajar a Cádiz, donde la compañía tiene su sede, para conseguir cobrar sus sueldos.

Los últimos en hacer el viaje han sido los siete empleados que la empresa mantiene en la ciudad, custodiando las obras del nuevo hospital y de las 66 viviendas de Cabrerizas.

El viaje hasta Cádiz lo hicieron a finales del mes pasado para reclamar las nóminas de mayo, junio y la extra de julio.

Para unos trabajadores que en aquel momento llevaban dos meses sin cobrar, gastar una media de 270 euros en el viaje en barco hasta Málaga, el combustible del coche para hacer el trayecto por autovía y la noche de hotel en Cádiz es un lujo que ninguno podía permitirse.

Sin embargo, esta opción se ha convertido en la única posibilidad que tienen los vigilantes de Serramar de poder cobrar los salarios que les adeuda la empresa para la que trabajan o han trabajado.

Los siete empleados que mantiene Serramar en Melilla son los últimos que han viajado a Cádiz, porque los primeros en abrir la ‘ruta’ fueron los exempleados que la compañía tenía en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, hasta que la empresa renunció al contrato y la multinacional mexicana GSI se hizo cargo del servicio de vigilancia y de los trabajadores.

Pero no ha sido llegar y besar el santo. La empresa abona los atrasos a sus trabajadores con pagarés que, en algún caso, no tenía fondo. Sin embargo, los siete empleados que la empresa mantiene en Melilla sí han tenido suerte... de momento. Hasta ahora han podido cobrar dos de los tres pagarés que les entregaron en Cádiz, pero el futuro sigue siendo incierto.

La empresa no responde a los mensajes de móvil que los trabajadores le envían reclamando sus sueldos y de la nómina de julio, que Serramar debió ingresar el pasado día 5, nadie contesta.

Para estos vigilantes, la lucha por cobrar sus sueldos continúa, ahora con la desventaja de ser ‘los últimos mohicanos’.

El futuro, incierto tras invertir 1.000 € en ser vigilante

Los trabajadores que Serramar tiene en Melilla miran hacia el futuro y lo ven todo negro. Ninguno se explica cómo han podido llegar a esta situación, después de invertir cerca de 1.000 euros en hacer el curso y pasar el examen de vigilante de seguridad.

Ahora tendrían por delante la posibilidad de conseguir trabajo en el centro penitenciario local, que sustituirá la vigilancia policial por la seguridad privada, pero esta opción no pueden planteársela porque tendrían que hacer un nuevo curso de preparación que no es gratis.

Por eso se encomiendan a la recuperación de su empresa. Desde Serramar aseguraron hace unos meses a El Faro que habían llegado a la situación actual porque las empresas para las que trabajan no les pagan. Sin embargo, los siete empleados que la empresa tiene en Melilla han consultado a la UTE que se encarga de la obra de las 66 viviendas de Cabrerizas y ésta asegura que no paga a Serramar porque la empresa no presenta facturas. Desde la compañía de vigilancia niegan la mayor y aseguran que la UTE no paga.

Al borde del desahucio y con hijos a cargo


Detrás de los impagos de la empresa Serramar hay historias desgarradoras. Uno de estos empleados ha relatado a El Faro las estrecheces que atraviesa con varios hijos pequeños a su cargo. Los tres meses que la empresa no le abonó el sueldo, tampoco pudo pagar el alquiler de su casa y estuvo al borde del desahucio. Por eso hizo el viaje a Cádiz. Los 1.500 euros del primer sueldo atrasado que pudo cobrar tras ingresar un pagaré se fueron en el abono de los tres meses de alquiler que debía. Ahora vuelve a estar en la misma situación. Septiembre trae a todos los padres un serio desembolso por ‘la vuelta al cole’ y los vigilantes de Serramar no tienen idea de cómo van a subir esa cuesta. “Cobramos y el dinero desaparece por los intereses y las deudas atrasadas. Sobrevivimos gracias a la ayuda de nuestros padres y hermanos. Pedimos dinero hasta para recargar el teléfono”.

jueves, 14 de agosto de 2014

Competencia pide al Gobierno eliminar la subrogación del personal en el contrato de seguridad privada

RESTRINGE LA POSIBILIDAD DE COMPETENCIA EN LA LICITACIÓN
La CNMC pide al Gobierno que no incluya en el contrato de seguridad privada la subrogación del personal

Rechaza la cláusula indemnizatoria por reducción del servicio porque restringe el "principio de riesgo y ventura" inherente al contrato

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Gobierno que no incluya en el contrato centralizado de servicios de seguridad integral para varios edificios públicos la obligación de subrogar al actual personal que presta este servicio o que, al menos, se "interprete restrictivamente" esta obligación por cuanto limita la posibilidad de competencia.

Así se recoge en el 'Informe sobre los pliegos del contrato centralizado de servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado y sus organismos' que este jueves ha publicado el 'superregulador' y que recoge Europa Press.

El contrato al que se refiere el documento fue licitado por el Ministerio de Hacienda el pasado 18 de julio para cubrir los servicios de vigilancia y protección de bienes, el mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad y los servicios auxiliares de control (conserjería y portería) de una veintena de edificios de la capital, entre ellos los ministerios de Agricultura, Educación o Hacienda; la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Delegación del Gobierno en Madrid.

La licitación está dividida en cuatro lotes valorados en 30,4 millones --van de los 14,27 millones el más grande a 965.900 euros el más pequeño-- por un periodo de 22 meses prorrogables por el mismo tiempo, lo que eleva el presupuesto a un máximo de 55 millones. Con ello se ahorrarán unos 4 millones de euros.

Los servicios se irán incorporando desde el 1 de diciembre de 2014 hasta julio de 2015 en función de la finalización de los 22 contratos en vigor actualmente. En todo caso, la finalización es fija para todo el contrato y está fijada el 30 de septiembre de 2016.

VALORACIÓN POSITIVA GENERAL

Así, la CNMC hace una valoración positiva general de la unificación del contrato en aras a conseguir una "mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", y agradece también que se le hayan remitido los pliegos para su estudio. No obstante, recomienda que la próxima vez la consulta se haga antes de publicar el concurso.

No obstante, advierte de que existen algunos problemas desde el punto de vista de la competencia, como la obligación de subrogar al personal que actualmente presta el servicio. La Comisión subraya que "se corre el riesgo de perder gran parte de la posibilidad de competencia en la licitación" ya que la plantilla constituye un "input fundamental" en el precio que se puede ofrecer.

Es decir, que muchas pequeñas empresas no podrían asumir el coste de incorporar una "estructura organizativa alternativa" a la propia, lo que podría disuadir a algunos posibles licitantes de concurrir. Además, se trata de un criterio con "excesivo peso" en la valoración pese a ser "escasamente relevante para la ejecución de la prestación" e "imponer costes adicionales".

"Por esos motivos, se recomienda que la exigencia de subrogación debiera, si no eliminarse, cuanto menos interpretarse restrictivamente por parte de los órganos de contratación", concluye el organismo que preside José María Marín Quemada.

En otro punto del informe se reclama "una mayor justificación" a la inclusión, entre las condiciones de solvencia, de la exigencia de un número de trabajadores con formación profesional concreta, ya que "además de introducir una posible barrera de entrada a la prestación del servicio se impone una limitación a la libertad de organización de recursos del adjudicatario".

"El hecho de exigirse en todos y cada uno de los lotes estos requisitos de personal puede ser especialmente restrictivo, en la medida en que para un licitador que pudiese obtener más de un lote podrían generarse sinergias que permitiesen ganancias en eficiencia. Cabe pensar que, salvo justificación expresa en contra, pudiera compartirse personal entre lotes adjudicados a un mismo licitador dada la escasa dispersión geográfica", añade la CNMC.

LIMITAR EL RIESGO

La Comisión también recomienda eliminar la cláusula que prevé una indemnización equivalente al 3% de los servicios contratados si se produce una reducción del servicio superior al 10% del importe de la adjudicación. "No se considera adecuado restringir el principio de riesgo y ventura que debe asumir el contratista, sin que quepa aventurar además beneficio alguno para los usuarios del servicio", señala.

Con respecto a los plazos de duración del contrato, pese a comprender la necesidad de tiempos largos ante un servicio complejo como la seguridad integral, la CNMC recomienda que el derecho a prórroga se interprete "de forma restrictiva, examinando su necesidad, proporcionalidad y mínima restricción" dado que supone "el cierre absoluto del mercado durante su vigencia".

Además, cree que esta figura no debería justificarse alegando que incentiva a los posibles licitadores, ya que ese mismo objetivo "podría conseguirse por otras vías menos restrictivas para la competencia".

VALORACIÓN DE LOS CONTRATOS

La CNMC se centra por último en los criterios de aceptación de ofertas y en el procedimiento de valoración. Así, cree que deberían reducirse las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y profesional o técnica para presentarse a cualquiera de los lotes, y no sólo al de menor cuantía, de modo que se favorezca la concurrencia.

También opina que las exigencias económicas a las empresas aspirantes deberían ser acumulativas de diferentes años para no ser "excesivas o desproporcionadas" para las pymes, del mismo modo que no deberían incluirse criterios económicos --como los presupuestos o el volumen de negocio-- entre los requisitos de solvencia técnica.

La CNMC cree que los licitadores de otros estados miembros de la UE deberían tener requisitos de solvencia "equiparables" a los exigidos a las empresas españolas, y también rechaza que se limite a dos los lotes por los que se pueden presentar ofertas, sugiriéndose la eliminación de este tope.

Asimismo, cree que la exigencia de visitar los edificios puede suponer un problema para licitadores de fuera de Madrid, sugiriendo la posibilidad de mandar la información por vía telemática; y avisa de los "claros efectos anticompetitivos" de que la primera fase de la valoración sea eliminatoria, ya que "excluye a operadores sin haber podido valorar de forma completa su oferta".

La Comisión advierte por último de que hay demasiados criterios sujetos a una "valoración subjetiva", lo que supone una "excesiva discrecionalidad"; y rechaza la inclusión del factor corrector de penalización para las bajas inferiores al 10% del precio, lo que "estimula la formalización de ofertas que incluyan bajas superiores a dicho porcentaje".

"Sería recomendable que, dada la trascendencia del criterio precio, se realice una justificación de por qué, frente a otros posibles porcentajes, se ha considerado que el 10% ha de ser el umbral adecuado que justifique esta diferencia en la asignación de puntuación en las ofertas", concluye.


Prisiones: Antiguos Vigilantes de Caja Segovia reforzarán el control externo

Antiguos vigilantes de Caja Segovia reforzarán el control externo de la cárcel

Está previsto que el nuevo modelo de vigilancia privada se aplique a partir del mes que viene


Fuente: elnortedecastilla.es - CÉSAR BLANCO | SEGOVIA - 12 agosto 2014


Los sindicatos lo veían venir. Llevaban algún tiempo con la mosca detrás de la oreja aunque desde mayo el revoloteo y el zumbido eran más machacones. Ya saben, si el río suena... Hace apenas dos semanas, El Norte de Castilla anticipaba que la llegada de la vigilancia privada al centro penitenciario de Segovia era algo «inminente», como coincidían en vaticinar la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Hacían sus cuentas, seguían las pistas y los movimientos del Gobierno central y concluían sin mucho más detalle que más pronto que tarde se vería a vigilantes jurados controlar el perímetro de la prisión de Perogordo. Parece que ese plazo ya está aquí. En septiembre está previsto que se implante el nuevo modelo de seguridad. En el fondo, será la ratificación de unas sospechas que no estaban infundadas y la extensión lógica de los planes que la Administración General del Estado ya emprendió el año pasado.


Algunos de los cabos sueltos que había se van atando. El de la concesión, por ejemplo. Todo apunta a que serán antiguos vigilantes de Caja Segovia quienes apoyen en el control perimetral de la prisión, siguiendo el sistema y la reglas propuestos por el Ministerio del Interior. Tras el cierre de oficinas comerciales y financieras, la empresa encargada de la seguridad privada de la extinta entidad de ahorros se vio abocada a aplicar un expediente de regulación de empleo. Esa medida obligaba luego a abonar un importe en concepto de indemnizaciones que se ahorrará al recolocar a ocho de esos efectivos en las nuevas funciones asignadas dentro de lo que los sindicatos consideran «un paso más hacia la privatización» de la vigilancia de las cárceles españolas.


Esa mosca que revoloteaba detrás de la oreja de las organizaciones sindicales profesionales y de funcionarios comenzó a zumbar con más fuerza en la última semana de junio. Desde ese momento, el Gobierno central tiene luz verde para la contratación de seguridad privada en 46 centros penitenciarios del país, entre ellos el de Segovia. Son los que quedan por asumir el nuevo modelo después de que el año pasado ya se pusiera en marcha la experiencia a modo de proyecto piloto en 21 prisiones españolas.

Los resultados convencieron a los responsables del Ministerio del Interior, que poco a poco han dado pasos para extender el sistema al resto de cárceles del país. Era, pues, una medida que se venía barruntando desde hace tiempo, aunque no terminaba de fraguar. El Gobierno de la nación ha tratado de amoldar ese proyecto incipiente a las necesidades reales de personal. Y en ese intento se ha encontrado con un panorama marcado por la reducción de plazas en la oferta pública de empleo y, por consiguiente, con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


Reparto de cometidos


Para compensar esa carencia, el Ministerio reenfocó la contratación privada con la mirada puesta en «optimizar» los recursos humanos disponibles en las cárceles y garantizar un «uso eficiente de los fondos públicos», tal y como argumentaron sus representantes. Ese renovado objetivo concretó algo más las atribuciones de los vigilantes privados en el ámbito de actuación penitenciario y el reparto de cometidos de unos y otros. Para empezar, el propio ministro del Interior apuntaló el mensaje de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas asignadas a la seguridad privada.


Esas labores se circunscribirán al perímetro de las prisiones, lo que supone el control de los vallados y muros exteriores, la comprobación de los accesos reservados a familiares o de las cámaras de seguridad. Así lo dijo en una respuesta parlamentaria. Por lo tanto, esos jurados desempeñarán tareas «auxiliares o de apoyo», ya que la Policía y la Guardia Civil siguen siendo los garantes y responsables de la protección de los centros penitenciarios del país.

«Falta de transparencia»


Con esta redistribución de tareas –aseguraron fuentes ministeriales–, los agentes de los Cuerpos públicos se concentrarán en otras responsabilidades que les son exclusivas dentro de su deber de salvaguarda de la seguridad ciudadana, como pueden ser los traslados de internos o su custodia fuera de las cárceles.



La delegación de Acaip se ha quejado de «la falta de transparencia» con la que se ha ido tramitando el proceso. La estructuración del contrato se reparte en cuatro lotes, divididos por áreas geográficas en función del proyecto piloto. Una de ellas la conforman Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia. Además, se ha hecho mediante un «procedimiento negociado sin publicidad», lo que para la agrupación es «una forma de facilitar la distribución del negocio fácil entre las grandes empresas del sector».

Noticia: Colaboración Seguridad Privada / Seguridad Pública





Dos detenidos al ser sorprendidos cuando intentaban robar en la biblioteca de la Facultad de Derecho
Los dos hombres, al percatarse de la presencia del vigilante, huyeron del lugar sin conseguir su objetivo

Fuente: EUROPA PRESS – Granada – 13 Agosto 2014

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este miércoles a dos hombres de 42 y 57 años, con más de un centenar de detenciones entre ambos, acusados de fracturar la cristalera de la biblioteca de la Facultad de Derecho de Granada con el lanzamiento de piedras de grandes dimensiones con la presunta intención de acceder al interior para robar, causando daños valorados en más de 200 euros.

Sobre las cinco de la mañana el vigilante del edificio escuchó fuertes golpes, y sorprendió a estos dos individuos intentando entrar al interior de la biblioteca, por lo que alertó inmediatamente a la Policía Nacional a través de llamada al 091.

Los dos hombres, al percatarse de la presencia del vigilante, huyeron del lugar sin conseguir su objetivo, aunque un ciudadano que se encontraba por la zona fue testigo de lo acaecido en el lugar, informa la Policía en una nota.

La dotación de Policía Nacional que se personó en la Facultad, gracias a la colaboración del vigilante de seguridad y a la del testigo, localizó a los dos presuntos autores del asalto violento a la biblioteca en las inmediaciones, por lo que fueron detenidos y una vez finalizadas las diligencias policiales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes de Granada.

Las detenciones han sido realizadas por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional de Granada que contaron con la colaboración ciudadana del vigilante de seguridad y del viandante que fue testigo de los hechos.


miércoles, 13 de agosto de 2014

CCOO denuncia los impagos de EME y la Generalitat Valenciana

Los vigilantes del hospital de La Vila, sin cobrar por los impagos de Conselleria

Fuente: lamarinaplaza.com – 13 de Agosto de 2014

CCOO denuncia que estos trabajadores y los que vigilan el Centro de Especialidades de Benidorm tienen pendiente de cobro la nómina de julio y la extra de verano

Sanidad debe a la empresa de seguridad facturas desde diciembre, aunque quiere ponerse al día lo antes posible

Hasta ahora la empresa ha tirado de recursos “financieros propios” para pagar las nóminas, pero se ha quedado “sin riñón” ante la deuda de la Generalitat

Los trabajadores que se encargan de la seguridad del hospital comarcal de La Vila Joiosa y del Centro de Especialidades de Benidorm no han cobrado su nómina de julio, ni tampoco la paga extra de verano. Y todo, al parecer, porque la Conselleria de Sanidad lleva meses sin pagar a la empresa a la que tiene contratado este servicio y para la que trabajan los 16 empleados afectados.

Así lo ha hecho público este martes el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en un comunicado en el que también ha cargado tintas contra la empresa -EME, Compañía de Seguridad-, a la que ha acusado de utilizar a estos trabajadores para “aumentar la presión” sobre la Conselleria para que le pague todas las facturas pendientes. Que no son pocas.

Según fuentes de la empresa, la Generalitat Valenciana le debe facturas “desde diciembre de 2013″, no sólo por servicios contratados por la Conselleria de Sanidad, sino también por otros que se prestan a la Conselleria de Cultura. Hasta ahora, según las mismas fuentes, la compañía ha hecho frente al pago de las nóminas tirando de “recursos financieros propios”, pero ha llegado un momento que “el riñón” ya no da para más. Y de ahí que no hayan podido abonar la nómina de julio ni la extra de verano a los encargados de la seguridad del hospital comarcal y del Centro de Especialidades de Benidorm.

Desde la compañía han subrayado que en estos meses se han hecho “todos los trámites” para poder cobrar estas facturas. Pero, hasta ahora no ha habido suerte. Algo que han lamentado, ya que aseguran estar “muy sensibilizados” con sus trabajadores. A CCOO, no obstante, no le acaban de convencer estas explicaciones, porque, según ha afirmado el sindicato en un comunicado, la empresa sí está abonando la nómina a trabajadores que se encargan de la seguridad de otros clientes que están al día de pago.

El sindicato ha anunciado que ya se está estudiando “un calendario de movilizaciones”, que se iniciará en septiembre si para entonces los trabajadores no han cobrado las nóminas correspondientes y la pagaextra.

Desde CCOO han criticado que “una vez más la morosidad de la Conselleria” acaba afectando a los trabajadores. Y no sólo a los de La Vila Joiosa y Benidorm. Porque según el sindicato, los empleados de seguridad del Hospital Clínico de Valencia, Sagunt y Malvarrosa acumulan ya dos meses de impagos, al igual que los del centro de salud de Serrería.

Conselleria, por su parte, se ha limitado a decir que “se ha tramitado la puesta al día de los pagos” con la empresa de seguridad y que espera que la situación se regularice “a la mayor brevedad posible”.