domingo, 23 de noviembre de 2014

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada

Donostia, roba en un comercio y agrede a una vigilante de seguridad

Efectivos de la ertzain-etxea de Donostia detuvieron a primera hora de la tarde de ayer, sábado, a una mujer de 21 años de edad, tras intentar robar mercancía en un establecimiento comercial y agredir a la vigilante de seguridad que interceptaba su marcha.

Fuente: ertzaintza.net - Servicio de Prensa – 23 Noviembre 2014

Poco antes de las tres de la tarde de ayer fue solicitada presencia policial en un centro comercial ubicado en el barrio de Alza, porque según señalaron el personal de seguridad tenía retenida a una mujer a la que habían sorprendido instantes antes tratando de sustraer diversa mercancía en un comercio. Una patrulla de seguridad ciudadana acudió al lugar,  pudiendo verificar que la sospechosa había salido de una tienda con diversas prendas de vestir, cuyo importe no había abonado, y al ser retenida por una vigilante de seguridad había comenzado a golpear a ésta mientras trataba de huir.


Los ertzainas identificaron a la allí retenida y tras realizar las necesarias comprobaciones procedieron a su detención, acusada de un delito de robo con violencia. Acto seguido la arrestada fue trasladada a dependencias policiales para llevar a cabo los pertinentes trámites y una vez finalizados estos ser puesta a disposición judicial.

Prisiones: Sólo el 10 % de los Vigilantes ejercieron antes como escoltas

PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN PRISIONES
Solo el 10% de los vigilantes que controlan las cárceles ejercieron antes como escoltas

Fuente: elconfidencial.com - Roberto R. Ballesteros 23/11/2014

Era uno de los principales argumentos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para justificar el plan de privatización de la seguridad de las prisiones. Los escoltas que habían prestado servicio de protección en el País Vasco cuando ETA estaba activa debían ser compensados con una salida digna. Una vez que la banda terrorista no mataba, su labor carecía de importancia y tenían que ser recolocados.

Los guardaespaldas que pertenecían a las fuerzas de seguridad (guardias civiles y policías) lo tenían fácil, pues podían pasar a otras unidades de sus respectivos cuerpos. De hecho, venía bien que fueran reubicados para reforzar plantillas que estaban experimentando una reducción de efectivos a causa de la disminución de la oferta de empleo público desde 2010 provocada por la crisis económica.

El problema eran, por lo tanto, los escoltas que no pertenecían a ningún cuerpo de seguridad público. El Gobierno anunció entonces el plan de apoyo a guardias civiles y policías en el control de las prisiones con el fin de recolocar en esos puestos a los guardaespaldas que se habían quedado en el paro tras el fin de ETA.

No llega a un centenar el número de guardaespaldas que han sido recolocados, una cifra insignificante en comparación con los más de 3.000 profesionales privados que operaban en el País Vasco y Navarra antes de la desaparición de ETA

Sin embargo, los datos no corroboran la justificación argumentada por el Ministerio del Interior para poner en marcha el programa que ha llevado a la incorporación de 800 vigilantes a las cárceles. Según ha podido saber El Confidencial, apenas el 10% de esos agentes de seguridad privada ejercían como escoltas cuando la banda terrorista estaba activa.

Por lo tanto, no llega a un centenar el número de guardaespaldas que han sido recolocados, una cifra insignificante en comparación con los más de 3.000 profesionales privados que operaban en el País Vasco y Navarra antes de la desaparición de ETA, según datos ofrecidos en su día por la Asociación Española de Escoltas.

El número contrasta con el declarado hace un mes por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien dijo que uno de cada tres escoltas que protegía a amenazados por ETA se había integrado en el plan del Ministerio del Interior para controlar los centros penitenciarios. Guardaespaldas y Gobierno habían firmado "un pacto de caballeros" para "no dejar tirados" a quienes habían hecho tanto por la democracia.

El pasado octubre Interior activó la segunda fase del plan de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios (denominado programa de apoyo por el Gobierno). Fue en ese mes cuando el proyecto piloto que se había probado durante el año anterior en 21 prisiones se extendió al resto de cárceles del territorio nacional.


Un total de 800 vigilantes se incorporaron a los centros penitenciarios para llevar a cabo labores de apoyo a guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones. En muchos casos, los agentes privados han ido asumiendo más responsabilidades y actualmente incluso se encargan de determinadas zonas o tareas sin ser supervisados por los guardias civiles ni por los funcionarios de prisiones.

Escoltas: Las sombras olvidadas de Euskadi

Las sombras olvidadas de Euskadi

De los 3.000 escoltas privados que combatieron la violencia de ETA quedan 30 en activo

Una asociación pide al Gobierno su reinserción profesional

Fuente: elpais.com - JOSÉ PRECEDO / ALBA CASAS Madrid 21 NOV 2014

El 20 de octubre de 2011, el día que ETA anunció que olvidaba las armas y frenaba en 829 víctimas mortales, 60 secuestros y miles de heridos su macabro registro, una profesión entera empezó a agonizar. Quienes cubrieron durante décadas las espaldas de cargos públicos, empresarios y personalidades amenazadas en Euskadi y el resto de España fueron los daños colaterales de una de las grandes noticias de la democracia. De los 3.800 guardaespaldas de empresas privadas que operaron en el País Vasco y Navarra durante los años de plomo, quedan 30, según la Asociación Española de Escoltas. Y su labor tiene los días contados.

Manuel Jiménez, cordobés de 41 años, vivió ocho años con dos pistolas encima, el tiempo que pasó protegiendo a jueces, empresarios y políticos. En 2011, lo echaron en un ERE con una indemnización de 15 días por año trabajado, no 20, como le prometieron. Se fue a su Córdoba natal y lleva sin trabajo desde entonces.

Hace cuatro meses, Jiménez vio en televisión que algunos escoltas del País Vasco habían sido recolocados como vigilantes en prisiones. Se trataba de un plan piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 21 cárceles que precisó de la contratación de 234 empleados. Pese a que el concurso fue restringido y solo se invitó a empresas que tuvieron escoltas en nómina, la mayoría de los contratados procede de otros colectivos, personal más barato.

"Llama a tus compañeros y pregúntales si ellos están trabajando", le dijo su suegra a Jiménez, al ver el reportaje en la tele. Solo tres de sus conocidos fueron reubicados en cárceles. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias de la compañía de seguridad para la que trabaja, asegura que los nuevos contratos en las prisiones no se están reservando a ex escoltas. "Las empresas tuvieron prioridad en los concursos para esas plazas porque el Gobierno se comprometió a darnos trabajo. Pero colocan a cualquiera", se queja el ahora vigilante de prisiones.

Rafael Toro aún mira bajo su coche antes de arrancarlo. Es otro escolta en dique seco. La última vez que fue a pedir trabajo a la firma LipSeguridad lo rechazaron con buenas palabras: "Tiene más formación que el jefe de servicio. ¿Cómo lo vamos a contratar?". Su adiestramiento en desactivación de explosivos, defensa personal, conducción evasiva, todos esos cursos pagados durante años por el Ministerio del Interior, juegan ahora en su contra. Son personal sobrecualificado para estar en una garita de seguridad viendo pasar las horas. Los hay con 20 años de experiencia. Han trabajado en turnos de siete días semanales, 39 horas sin perder la concentración porque un despiste de segundos podía implicar la muerte de su defendido. O la de ambos.

José Luis Martín, bilbaíno de 39 años, trabajó entre 2004 y 2008 en Bizkaia como guardaespaldas para la firma Vinsa: "Nos echaron y nos sentimos desamparados por el comité de empresa. Ellos acabaron como escoltas en casos de violencia de género o vigilantes, el resto nos fuimos al paro". Cuando le despidieron en 2008, Martín cayó en una depresión y llegó a engordar 65 kilos. "He perdido a mi mujer y ahora voy a perder mi casa", se lamenta.

Jiménez y Toro tratan de localizar ahora a compañeros escoltas para fundar la asociación Las sombras olvidadas de Euskadi, un primer paso para constituir una cooperativa que pueda optar directamente a contratos del Gobierno.

Los fundadores de la asociación andan estos días de gira por los grupos parlamentarios. Piden comprensión a los partidos y que se les devuelva algo de lo que ellos dieron por los demás en las épocas duras, de atentados y entierros. El PSOE, a través de su diputado Antonio Trevín, amplifica sus quejas en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. "Nosotros defendemos la seguridad pública pero si las empresas usaron como reclamo la recolocación de los escoltas, que cumplan y prioricen a los guardaespaldas en los contratos con salarios adecuados".

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, reconoció en el Congreso la existencia de un "pacto de caballeros" para subcontratar a los escoltas en los perímetros de seguridad de las prisiones. Y defiende que un tercio del personal empleado por las adjudicatarias del ministerio para seguridad privada en las prisiones tiene esa procedencia, pero admite que su contratación depende de la "voluntad de las empresas". "El compromiso obviamente existía pero sobre la base de que los afectados tenían que aceptarlo voluntariamente. Hay escoltas a los que no les interesa ser vigilantes porque son profesiones distintas o desplazarse a trabajar a otras provincias. [...]. No se ha dejado tirado a nadie".

El pasado 1 de octubre se inició un nuevo contrato para extender la vigilancia privada al perímetro de las 67 cárceles. Conlleva la contratación de 800 vigilantes en diferentes lotes repartidos por empresas que recibirán un montante anual de 33 millones de euros. En una circular interna, una de las adjudicatarias, Ombuds Compañía de Seguridad SA, admite su intención de recolocar a parte de su personal del Metro de Madrid en las cárceles.

Entretanto, la incipiente asociación de escoltas sigue llamando a la puerta del Gobierno. Los diputados populares Leopoldo Barreda y Conrado De las Heras les prometieron hace días una reunión con cargos de Interior pero siguen esperando cita. "Merecemos otro trato, hemos sido las espaldas de los políticos durante años. A menudo, en lugares completamente hostiles donde los vecinos nos tiraban huevos", reclama Toro.
Trágica recolocación de soldador

ALBA CASAS

Miguel Ángel Guerrero y José Vega compartieron, además de trabajo y vivienda durante 15 años en Pamplona, una huelga de hambre de más de un mes frente a la cárcel de Botafuegos. Estos dos gaditanos se conocieron en un curso de conducción evasiva y decidieron ir juntos a proteger a los amenazados por ETA en Navarra, donde estuvieron desde 1993 hasta que les echaron en 2008. En 2013, tras haber intentado, sin éxito, conseguir un puesto en la prisión de alta seguridad donde estuvo el etarra De Juana Chaos, decidieron iniciar la protesta.

Los dos primeros años tras volver de Pamplona, pudieron trabajar en empresas de seguridad de Cádiz. Después, "la cosa se fue poniendo peor" hasta que, en 2013, la situación económica de los dos ex escoltas era límite. Vega se había divorciado, y debía pasar una pensión de 200 euros a su hija y pagar una hipoteca a medias con su ex mujer. Miguel también tenía un préstamo y una familia que mantener. Por eso, cuando estos dos gaditanos se enteraron de que el Gobierno había sacado a concurso puestos de vigilante en la prisión de Botafuegos para recolocar a ex escoltas, no dudaron en llamar a Sabico, la empresa que ganó la concesión. Pero Vega y Guerrero no eran personal de Sabico, que les respondió que cubriría esos puestos con sus trabajadores.

Entonces, acudieron a las compañías para las que sí habían trabajado. "No nos importaba trasladarnos a otra comunidad ni que el salario fuese más bajo. No teníamos nada mejor. Con 41 años, había vuelto a vivir con mi madre", protesta Vega. Ante la falta de trabajo y para mostrar su disconformidad, los ex escoltas comenzaron a finales de marzo de 2013 la huelga de hambre.

"Al principio, consumíamos solo líquidos. Como no estábamos logrando nada, amenazamos con dejarlos", explica Vega. El sacrificio no les garantizó una respuesta política, pero al menos sí un empleo. El GrupoAlonso les ofreció trabajo en una de sus empresas de Algeciras gracias a la intervención del alcalde, José Ignacio Landaluce. Eso sí, las labores que desempeñaban no tenían nada que ver con la seguridad: Vega entró como mecánico y Guerrero como soldador.

Guerrero murió en un accidente laboral el 20 de octubre de 2014. Al haber una investigación abierta para estudiar si se dio una negligencia por parte de la empresa, Vega no quiere desvelar mucho más. "No puedo por ahora", asegura el ex escolta, con una mezcla de pena y rabia en la voz: "Esto no habría pasado si nos hubieran escuchado. El cese de ETA se anunció un 20 de octubre. Un año más tarde, otro 20 de octubre, el terrorismo laboral mató a Miguel Ángel".


viernes, 21 de noviembre de 2014

Tribunales: Plus de nocturnidad en vacaciones - Prosegur


Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 3 de A Coruña de 18 de Septiembre de 2014, en proceso de reconocimiento de derechos ( plus de nocturnidad en vacaciones ) contra Prosegur.

La Sentencia declara el derecho de un Vigilante de Seguridad al percibo del importe del complemento de nocturnidad recogido en el Convenio Colectivo del Sector como retribución en vacaciones.

A juicio del magistrado, el Convenio Colectivo Estatal del Sector incurre en ilegalidad por que no puede contravenir una norma de derecho necesario como son los convenios de la OIT y por tanto debe ser inaplicado.

A mayor abundamiento, el magistrado entiende que procede poner en conocimiento, tal circunstancia, del Ministerio Fiscal “para que en su caso, pueda plantear su ilegalidad ( la del Art. 45 del Convenio Sectorial ) a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos “




Las Empresas obligadas a pagar los pluses en vacaciones

Las empresas, obligadas a pagar los pluses también en vacaciones

La Audiencia Nacional se adapta a un fallo revolucionario del Tribunal de la UE, pero va mucho más lejos y establece que no sólo deben retribuirse los variables sino también todos los pluses.

Fuente: expansión.com - 19.11.2014 Mercedes Serraller0

Revolución en la retribución de las empresas. La Audiencia Nacional ha dictado dos sentencias que les obliga a pagar a sus empleados todos los variables y pluses también en vacaciones. La Justicia española se adapta así a un fallo de gran trascendencia del Tribunal de Justicia de la UE, pero va mucho más lejos de lo que proponía el Tribunal de Luxemburgo y no sólo establece que deben retribuirse los variables, en el caso de la sentencia comunitaria, comisiones de comerciales, sino también todo tipo de pluses que se cobran por actuaciones concretas y no necesariamente recurrentes como las horas extra, la nocturnidad, los fines de semana y festivos, la jornada partida o la peligrosidad.

A pesar de que el Tribunal Supremo avala la legalidad de las cláusulas que excluyen el variable de la retribución de las vacaciones, la Audiencia Nacional da un giro de 180 grados y considera que dicha doctrina ha quedado obsoleta y que debe pagarse el variable en el salario vacacional como establece la nueva doctrina de la UE.

Pero la Audiencia Nacional, en dos sentencias que afectan a Telefónica y Swissport, va todavía más lejos que el Tribunal de Luxemburgo y avala las reclamaciones de los sindicatos, que solicitaron que además de incluir la retribución variable (bonus, comisiones, etcétera) deben sumarse los complementos de puesto de trabajo cuya compensación depende de circunstancias excepcionales en el desarrollo del mismo como las horas extra, la nocturnidad, los festivos o los domingos. Telefónica informa de que ha recurrido esta sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.

Estos fallos son los primeros de muchos pleitos que se preparan, en primer lugar, de empresas en las que el variables tiene mucho peso, según trasladan despachos y empresas, que constatan la preocupación de las compañías, ya que todas deben adaptarse al fallo de la UE. Los abogados consultados instan a las compañías a adaptar cuanto antes sus políticas retributivas a la nueva doctrina.

En la sentencia que afecta a Swissport, la Audiencia Nacional recuerda que el pronunciamiento de la UE establece que “todo trabajador durante las vacaciones percibirá por lo menos su remuneración normal o media (incluido el equivalente en efectivo de cualquier parte de esa remuneración que se pague en especie, salvo si se trata de prestaciones permanentes de que disfruta el interesado independientemente de las vacaciones pagadas), calculada en la forma que determine cada país”.

Además, añade, “la exclusión de las comisiones del período de vacaciones puede engendrar un efecto disuasorio del disfrute de las vacaciones, que es precisamente lo que quiere evitar la Directiva”. En suma, remacha la Audiencia, “el derecho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en concepto de vacaciones constituyen dos vertientes de un único derecho, en tanto en cuanto la obligación de retribuir las vacaciones tiene como objetivo colocar al trabajador, durante las citadas vacaciones, en una situación que, desde el punto de vista del salario, sea comparable a los períodos de trabajo”.

En la sentencia que atañe a Telefónica, la Audiencia Nacional señala que “la retribución en el periodo vacacional en el que obviamente no se presta servicios y por ello no se genera comisiones o incentivos ha de estar necesariamente integrada, y en proporción a los días de vacación que le corresponda disfrutar a cada trabajador, teniendo en cuenta lo percibido en concepto de incentivos o comisiones”.




jueves, 20 de noviembre de 2014

" Caso ESABE " : El Juzgado no puede escanear la documentación incautada

El juzgado del ‘caso ESABE’ no puede escanear la documentación incautada

El juzgado se queja de que cuenta con un escáner “completamente inadecuado” para digitalizar los más de 20.000 folios requisados en los registros hace ya casi dos años

Fuente: cadenaser.com - ALBERTO POZAS MADRID 14/11/2014

Casi dos años después del estallido del ‘caso ESABE’, y la detención de casi una decena de directivos de esta empresa de seguridad por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social, la investigación se ha ralentizado por varios motivos, entre ellos la falta de medios técnicos en el juzgado de instrucción que lleva el caso en Plaza de Castilla. En un escrito al que ha tenido acceso la SER, el secretario del juzgado que investiga el caso, el número 37 de Madrid, denuncia que tienen que escanear los más de 20.000 folios incautados en los registros con un escáner “completamente inadecuado” para este trabajo, según explica, “dado el reducido tamaño del dispositivo y que sólo cuenta con un alimentador de unos 30 folios”. Calcula el juzgado que con los medios técnicos puestos a su disposición podrían tardar “años” en digitalizar toda la documentación de la causa.

El estallido del ‘caso ESABE’ destapó un presunto fraude de decenas de millones de euros a la Seguridad Social por parte de esta empresa de seguridad privada, una de las principales contratistas públicas del sector. En torno a una decena de directivos y trabajadores fueron detenidos, y el sumario desveló supuestas irregularidades como pagos en negro, comisiones a políticos y cursos ‘fantasma’ para conseguir subvenciones públicas.

Según reza el escrito fechado a principios del mes de octubre, el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla comunicó personalmente esta situación a la Comunidad de Madrid, “sin que hasta la fecha conste haberse recibido respuesta alguna en relación con tal oficio”.

Año y medio pidiendo un escáner de alta velocidad

El juzgado solicitó este aumento de medios en mayo de 2013, en una comunicación dirigida a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid un escáner de alta velocidad, así como personal para manejarlo. Una petición que no obtuvo respuesta hasta casi un año más tarde, cuando un técnico de esta Agencia se personó en Plaza de Castilla y habilitó la “función de escáner” en la fotocopiadora del juzgado, algo que el secretario considera “manifiestamente insuficiente e inadecuada para poder obtener la referida copia digital en un tiempo razonable, dado el elevado volumen de la documentación intervenida”.

Fue a finales de septiembre de 2014 cuando la Comunidad llevó un escáner al juzgado que este mismo secretario estima“completamente inadecuado para el escaneado, dado el reducido volumen del dispositivo, que sólo cuenta con alimentador de unos 30 folios”.
Añade el escrito que “siendo más de 20.000 folios los que hay que escanear, es un trabajo que podría durar años”.

La fuga del principal imputado

En este momento, la jueza que instruye el caso ha rechazado diversos recursos de reposición interpuestos contra la forma de hacer declaraciones y el resto de recursos va camino de la Audiencia Provincial para su resolución. Mientras tanto, y mientras jueza y funcionarios se afanan por conseguir medios técnicos para escanear 20.000 folios, los dos principales imputados en esta causa siguen en paradero desconocido: el presidente de la empresa, Juan José Prados del Pino, y su esposa. Se dieron a la fuga antes del estallido de la operación en diciembre de 2012, y aunque están representados en el proceso por abogado y procurador no han podido ser interrogados todavía por la jueza instructora.

Según fuentes jurídicas cercanas al caso, todos estos retrasos abren cada vez más la posibilidad de que una hipotética condena pueda ser paliada a través de las dilaciones indebidas del proceso, así como otras fuentes también alegan que se produce una “condena de banquillo” para los imputados.



miércoles, 19 de noviembre de 2014

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada










Le coge la moto a su suegra y comete un atraco en un supermercado de la capital

La Policía Nacional ha detenido al atracador, que abandonó el ciclomotor en el lugar de los hechos, y a su suegra, quien denunció un falso robo de su vehículo para intentar que no identificaran a su dueño

Fuente: ideal.es - Almería - FRAN GAVILÁN - 18 noviembre 201412:59

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de robo con violencia y falsedad documental, y a una mujer como presunta autora de un delito de encubrimiento. Según han indicado fuentes de la Comisaría Provincial, el arrestado fue sorprendido por un vigilante de seguridad de un supermercado cuando estaba realizando un “butrón” para acceder a los vestuarios del comercio. En su huida dejó tirada en el suelo una moto con la matrícula manipulada y que pertenece a un familiar, concretamente a su suegra, la cual denunció falsamente un robo de la moto para intentar así evitar la identificación de su yerno.

La investigación comenzó a raíz de un intento de robo perpetrado en un supermercado de la capital. Un joven ataviado con un pasamontañas y una pistola detonadora fue sorprendido por un vigilante de seguridad cuando se encontraba haciendo un “butrón” para acceder a los vestuarios de los trabajadores del establecimiento, tras un forcejeo, el sujeto realizó dos detonaciones con una pistola de fogueo huyendo del lugar abandonando el ciclomotor que utilizo para su desplazamiento.
LO MÁS
Las pesquisas policiales iniciales y una rigurosa inspección técnico policial realizada en el lugar, condujeron a los investigadores hasta el ahora arrestado, conocido por los agentes, ya que recientemente había sido detenido por hechos de similares características. La moto intervenida tenía la matrícula manipulada con tiras de papel intentando así cambiar la numeración del vehículo.

Denuncia falsa

Paralelamente a la investigación, la propietaria del ciclomotor interponía una denuncia por robo. Posteriormente, los agentes averiguaron que la denunciante era madre de la pareja sentimental del arrestado y que el motivo de denunciar el falso robo era evitar la identificación del autor. Por estos hechos se procedió a su detención por un delito de encubrimiento. Finalmente los policías procedieron a la localización y detención del asaltante como presunto autor de los delitos de robo con violencia y falsedad documental.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Policía Judicial en colaboración con agentes de la Brigada de Policía Científica de la Comisaría Provincial de Almería.