domingo, 1 de marzo de 2015

Aeropuertos: Nuevos controles sobre el equipaje de mano

Nuevos controles sobre el equipaje de mano

A partir de este domingo los pasajeros se encontrarán en los aeropuertos con una nueva inspección, que conllevará la extracción de todos los dispositivos electrónicos y eléctricos, para ser revisados por separado

Fuente: eldiariomontanes.es - EFE | MADRID - 28 febrero 2015

Las nuevas medidas de refuerzo para la revisión del equipaje de mano fijadas por Bruselas y de obligado cumplimiento en todos los aeropuertos europeos, supondrán para Aena un coste anual de 17 millones de euros.

A partir de este domingo, 1 de marzo, los pasajeros aéreos se encontrarán con una nueva inspección en su equipaje de mano que conllevará la extracción de todos los dispositivos electrónicos y eléctricos, para ser revisados por separado.

Cualquier pasajero en principio puede ser susceptible a que se le haga esta inspección, que incluirá aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, ordenadores o móviles, así como dispositivos eléctricos de gran tamaño como planchas, secadores, juguetes a pilas o maquinas de coser portátiles.

El director de la red de aeropuertos de Aena, Fernando Echegaray, ha explicado que, para implementar esta nueva medida, el gestor aeroportuario ha previsto un refuerzo de vigilantes de seguridad en los puntos de inspección del equipaje de mano.

Ocultación de artefactos explosivos

El nuevo reglamento europeo señala que "datos recientes han demostrado que nuevos modelos de ocultación de artefactos explosivos improvisados están siendo desarrollados por terroristas, con el fin de cotrarrestar las medidas de seguridad aérea existentes en relación con la inspección del equipaje de mano".


Por ello, deben modificarse determinadas medidas de seguridad, a fin de "mejorar la mitigación de la amenaza de artefactos explosivos improvisados ocultos en el equipaje de mano ".

La otra amenaza de los escoltas

La otra amenaza de los escoltas

La gran mayoría de los escoltas que protegieron a los amenazados por ETA se ha convertido en parados de larga duración que rondan los servicios de beneficencia.

Ante las escasas posibilidades de reciclarse, reclaman al Ejecutivo que cumpla su promesa y les emplee como vigilantes de seguridad privada del perímetro exterior de los centros penitenciarios.

El Gobierno de Rajoy dice ahora que ese "compromiso específico" del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era "una declaración de intenciones".

Fuente: eldiario.es – Norte - Natalia González de Uriarte  27/02/2015  

Las empresas de seguridad engendraron en tiempos de máxima amenaza de ETA un ejército de escoltas que desembarcó, principalmente,  en Euskadi y Navarra. Su misión, proteger día y noche a los amenazados, era prioritaria e imprescindible. Ahora, tras más de tres años del cese definitivo de la violencia de la organización terrorista, los servicios de estos guardaespaldas ya no son necesarios. Y, como consecuencia del fin de la violencia, el sector está sobredimensionado con 37.215 personas en España con licencia para desempeñar tareas de vigilancia. La recolocación de estos trabajadores en paro en los perímetros de vigilancia de las prisiones anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy es lenta y según los afectados, y en esto coinciden diversos movimientos y asociaciones consultadas, prácticamente inexistente.

La gran mayoría de los escoltas que protegieron la vida de cargos públicos, periodistas, jueces, empresarios, etc., engrosa la lista de parados de larga duración. Muchos están a punto de perder sus prestaciones y son usuarios habituales de los servicios de Cáritas. Ahora son ellos los que se sienten desprotegidos. Lo peor, no saben con qué armas combatir esta situación. Sus credenciales habituales, un intenso adiestramiento en desactivación de explosivos, en defensa personal o conducción evasiva, ahora ya no sirven.

En los años más duros de la violencia llegaron a ser 3.800 los que operaban en Euskadi y Navarra. Desde que ETA anunció el fin de la violencia, se ha ido retirando la protección de forma progresiva a los amenazados. Todos han emprendido una nueva vida. Los protegidos continúan sus carreras políticas y profesionales, esas que no se vieron forzadas a dejar gracias al apoyo, entre otros, de escoltas y estos por su parte, deben emprender una nueva etapa profesional ahora que ya no custodian Euskadi y Navarra. En ese camino son ellos los que ahora se encuentran ahora desamparados y desorientados.

"He tirado muchos años por la borda"

Rondan una edad difícil, entre los 40 y 50 años, y sus trayectorias suscitan rechazo, según sus relatos,  una reacción que se torna incluso, en ocasiones, en desprecio. “No voy a esconder que he trabajado de escolta, he dedicado mi vida a ello, aunque ocultarlo sería lo conveniente para darme alguna oportunidad en puestos ajenos a esta profesión. De carretillero, de camionero de materias peligrosas, de chófer… Me he ofrecido para cualquier actividad, pero ha sido inútil. Todos torcían el morro cuando conocían mi historial. Por eso volví a mi tierra. Y ahora, aquí, lo que doy, es pena”.

Este escolta de 49 años y que prefiere no desvelar su identidad, rehace su vida en Cádiz después de proteger a parlamentarios socialistas y populares durante casi una década y sin contar con las bendiciones de su familia. “No compartían mi decisión, pero yo en aquel momento sentí que era la adecuada. Sentí que aquí se me necesitaba. Ahora me arrepiento. Me siento utilizado y engañado. He tirado por la borda muchos años. Otros compañeros que rechazaron venir a Euskadi de escolta y apostaron por hacer carrera como instructores, ahora conservan su puesto y tienen el futuro garantizado. Yo no sé qué voy a hacer cuando se me acabe la prestación”, confiesa este hombre que cobra 420 euros para hacer frente a una hipoteca de 500 y con cuatro hijos. Él, como el resto del colectivo, reclama que el Gobierno, como prometió, les recoloque en las cárceles, pero esta promesa no acaba de cumplirse.

"Nosotros sí hemos cumplido. Los políticos, no"

Bajo esa reivindicación común se constituyó un colectivo que se hace llamar Las sombras olvidadas de Euskadi. Son 160 afiliados a este asociación. Su vicepresidente, Mario Zas, asegura que no pararán hasta que el Gobierno cumpla lo pactado. No descartan iniciar movilizaciones para dejarse oír. “Los que sí hemos cumplido somos los escoltas. Nuestro pacto de confidencialidad sigue intacto. Todos conocemos mucho sobre la vida de nuestros protegidos pero nuestros labios están y estarán sellados para siempre porque somos hombres de palabra. No se puede decir lo mismo de los políticos. No han hecho nada por nosotros. Sí han movido ficha por las empresas de seguridad en compensación por los contratos perdidos con la protección de los amenazados. Pero no por nosotros. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta Zas. El Gobierno ha adjudicado a varias empresas contratos para extender la vigilancia privada al perímetro exterior de las cárceles, pero las empresas no han reclutado a los escoltas para cubrir esos puestos. “No les han obligado a hacerlo y tiene fórmulas a su alcance. Podían a ver incluido cláusulas en los pliegos de condiciones”, sugiere el vicepresidente del colectivo.

Demasiada formación

Otro escolta que responde al nombre de Juan Luis manifiesta abiertamente que malviven. “En mi entorno conozco casos de compañeros que están a meses de que le expropien por no poder hacer frente a los gastos de la vivienda y de la manutención de los hijos”. Juan Luis alterna un trabajo de 12 horas al mes en un estadio de fútbol, junto a otro de otras tantas como vigilante en una discoteca. “De vez en cuando, como tengo el título de instructor, me sale alguna clase. Pero poco más”, reconoce resignado. Este profesional no entiende como estando España en un nivel de alerta por amenazas yihadistas se reduce la plantilla destinada a la seguridad en ciertos servicios públicos o en los transportes. “El Gobierno debería reactivar esta actividad. Los escoltas estamos sobradamente preparados para abordar este cometido porque la gran mayoría tenemos una formación específica”.

Es precisamente esa cualificación la que a veces les perjudica. “Los mandos intermedios de las empresas de seguridad están menos preparados que nosotros y son reacios a contratar personal que les supera en formación. Por otra parte nos rechazan porque estamos demasiado preparados para estar 24 horas quietos en una garita de seguridad de las cárceles”, dicen desde Sombras Olvidadas de Euskadi. Denuncian que las condiciones de esos servicios son en muchos casos “lamentables e incluso infrahumanas”. Hablan de turnos de guardia sin relevo para poder ir al baño y otras irregularidades. No obstante, nadie les ha dado opción a negociarlas porque insisten que nadie les ha ofrecido esos puestos.


Según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Interior el pasado mes de enero en respuesta a una pregunta del PSOE, 81 escoltas han sido compensados con esta salida, una cifra insignificante cuando han llegado a ser 3.800. El Gobierno utiliza ese escrito para matizar que ese “compromiso específico” del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era “una declaración de intenciones”.

viernes, 27 de febrero de 2015

Una juez prohíbe a dos mujeres acercarse al vigilante de un «súper» que les acusó de robar

Una juez prohíbe a dos mujeres acercarse al vigilante de un «súper» que les acusó de robar

Madre e hija fueron detenidas por la presunta agresión al guarda, que advirtió a otro empleado de que estaban llevándose un maquillaje

Fuente: diarioinformacion.com - S. LLINARES 27.02.2015

La juez en funciones de guardia decretó ayer para dos mujeres –madre e hija– una orden de alejamiento respecto al vigilante de seguridad de un supermercado del barrio alicantino de Juan XXIII después de que ambas agredieran supuestamente al guarda tras advertir éste a un empleado de que habían cogido un maquillaje, según indicaron ayer fuentes judiciales a este diario.

Las mujeres fueron detenidas y puestas ayer a disposición de la juez de guardia, quien además de imputarles un intento de hurto les prohibió acercarse al vigilante a menos de cien metros durante un tiempo de seis meses para evitar posibles altercados, según explicaron fuentes judiciales. Tras declarar ante la magistrada, ambas quedaron en libertad con cargos.

El supermercado se encuentra situado junto a la vivienda de las mujeres, por lo que no podrán, en ese tiempo, hacer la compra en el establecimiento y en teoría no pasar por delante del mismo.

Los hechos ocurrieron durante la jornada del miércoles, cuando el vigilante de seguridad se percató de que las mujeres estaban merodeando por la zona de pinturas y maquillajes del local. Según las citadas fuentes judiciales, el guarda alertó a un empleado de que habían sustraído un maquillaje. El trabajador les llamó la atención y devolvieron las pinturas –al parecer una caja de maquillaje–, pero a la salida se enfrentaron al vigilante por «chivato» y se desarrolló una trifulca que terminó con el arresto de ambas por parte de la Policía Nacional.

El fiscal que atendió el caso entendió que la situación podría generar tensiones futuras entre el vigilante y las mujeres y solicitó a la juez seis meses de alejamiento, una medida de carácter provisional que fue acordada por la magistrada antes de que las dejara en libertad.

Los hurtos en las cadenas de supermercados han llevado a muchas empresas a optar por un vigilante personado en el local durante el tiempo de apertura al público, algo que resulta de lo más efectivo para las empresas debido a los trucos y picaresca desarrollada en torno a las alarmas y arcos de seguridad.


Por otro lado, dos arrestados por el robo de varios artículos en una tienda del centro comercial Plaza Mar de Alicante pasaron también ayer a disposición del juzgado de guardia de Alicante, si bien la juez les dejó en libertad aunque imputados por un delito de robo, ya que la tasación efectuada por los productos según el establecimiento superaba los 400 euros. Así lo indicaron ayer a este diario fuentes judiciales, que no precisaron de qué tipo de productos se trataba.

miércoles, 25 de febrero de 2015

Tribunales / Derecho Vigilantes a no efectuar cacheos a personas de distinto sexo


Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 30 de Enero de 2015 en reclamación por conflicto colectivo contra Aena -  Aeropuerto de Asturias.

Fuente: Elaborado por CCOO Vinsa – 25 Febrero de 2015

La sala confirma la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2 de Avilés por el que se declara el derecho de los trabajadores que prestan sus servicios como vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Asturias a no efectuar inspecciones manuales a personas de distinto sexo, condenando a las codemandadas a que adopten las medidas necesarias para la efectividad del anterior derecho, con el objeto de garantizar que dichas inspecciones efectuados por los vigilantes de seguridad sean realizados a personas del mismo género.

La sentencia es consecuencia de la demanda interpuesta, entre otros,  por CCOO de Asturias y tiene su origen en la obligación establecida por Aena de que los vigilantes de seguridad del filtro de empleados del Aeropuerto de Asturias efectuasen cacheos a personal de distinto sexo.

El tribunal destaca en su fallo que  en este caso no se está considerando el derecho de las personas objeto de inspección ni la legitimación del vigilante para hacerlo en determinadas situaciones, sino el derecho de éste ( el vigilante ) a no practicar sobre otra persona de distinto sexo actuaciones que pueden considerarse atentado a la intimidad, tanto de quien las sufriera contra su voluntad como de quien tenga que efectuarlas, pudiendo ser ello evitado.


La Sentencia señala igualmente que  tanto si hablamos del derecho del inspeccionado como de quien inspecciona a no tomar contacto con partes íntimas, no se puede considerar justificado que se violente ese derecho pudiendo evitarlo, como se hace en el caso del control a pasajeros, donde se destina a vigilantes de ambos sexos. 

martes, 24 de febrero de 2015

Un vigilante pasa tres horas atrapado bajo una puerta que se le vino encima

Un vigilante pasa tres horas atrapado bajo una puerta que se le vino encima

Fuente: abc.es - 23-02-2015 /  EFE

Un vigilante de un aparcamiento de Tomelloso (Ciudad Real) pasó más de tres horas atrapado bajo una puerta de grandes dimensiones que se le vino encima, hasta que fue rescatado por la Guardia Civil con heridas por aplastamiento e hipotermia.

Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno, el suceso ocurrió el pasado día 19, por la noche, cuando debido a las condiciones meteorológicas adversas, una puerta de grandes dimensiones se soltó de sus guías en un complejo de estacionamiento de vehículos.

El herido fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil de Tomelloso que se encontraba de servicio vigilando las empresas y locales para evitar los robos.


Así fue como vieron que había una persona atrapada bajo una puerta metálica de grandes dimensiones en el complejo de estacionamiento de vehículos denominado "Pentágono", ubicado en la vía de servicio de la autovía A-43, perteneciente al término municipal de Tomelloso.

Inmediatamente, los tres efectivos que formaban la patrulla liberaron a este hombre, de 40 años, vigilante de seguridad en el citado recinto, quien les contó que llevaba más de tres horas y media atrapado bajo la puerta.


Los agentes lo cubrieron con mantas y al observar las heridas por aplastamiento que presentaba en las extremidades así como síntomas de hipotermia lo inmovilizaron hasta que llegaron los servicios sanitarios y lo trasladaron al Hospital General de Tomelloso donde fue atendido de las lesiones que presentaba.

domingo, 22 de febrero de 2015

Seguridad Privada: Un negocio de 3000 M. donde se cruzan amiguismo y corrupción

Privatización de la seguridad: un negocio de 3.000 millones en el que se cruzan amiguismo y corrupción

Es un sector en el que operan 1.500 empresas y mueve más de 3.000 millones de euros al año. Pero la crisis les ha afectado y el gobierno del PP ha salido a su rescate.

El negocio de la seguridad privada es tan suculento, que inevitablemente se mezcla el amiguismo y el cruce de intereses opacos.

Fuente: vozpopuli.com – 21 Febrero 2015 – Manuel Angel Menendez

Privatización de la vigilancia y protección de las prisiones, de centros militares sanitarios adscritos a Defensa o de las instalaciones de la Administración General del Estado, o medidas como que mancomunidades de municipios no puedan disponer de Policía Local y tengan que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”. La fuerte apuesta del Gobierno del PP por la privatización de la seguridad -que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas- ha puesto de manifiesto una política de amiguismo, de enchufismo y en ocasiones de corrupción –como en Melilla- en relación a la seguridad privada, un negocio que mueve más de 3.000 millones de euros al año.

Los datos son preocupantes: con la crisis económica y tras la desaparición de ETA, el Gobierno ha optado por la privatización de servicios públicos para que sobrevivan empresas amigas que están haciendo su negocio con la seguridad privada, a expensas derecortes en Policía y Guardia Civil, que es de lo que se quejan a Vozpópuli sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos.

Y es que el de la seguridad privada es un suculento mercado en el que operan 1.500 empresas y que factura alrededor de 3.000 millones de euros al año; pero la crisis y la desaparición de ETA les había afectado profundamente y pidieron árnica al Gobierno del PP.Rajoy y Fernández Díaz se la han concedido privatizando la seguridad de numerosos establecimientos públicos, e incluso haciendo desaparecer la Policía Local en determinados municipios pequeños en Castilla y León.

La supervivencia de 1.490 empresas de seguridad

Según los datos de Aproser, la principal patronal del sector, España contaba en 2013 con un total de 1.490 empresas de seguridad privada, de las cuales 1.273 habían sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña y 34 por el Gobierno Vasco. En torno al 21% de estas empresas se dedican a la vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación, ya que aporta el 65% del total.

Pero la cifra de negocio de empresas privadas de seguridad ya había decrecido en 2013 en relación a ediciones anteriores: los contratos habían ido descendiendo y la facturación total, también: sobre un 6,87% entre 2011 y 2013. Es decir, que se había retrocedido de una facturación de 3.215 millones de euros a 2.994 millones, y eso se nota en un sector tan sensible como éste, en el que, además, la procedencia del negocio se hallaba entonces en un 78% en el sector privado y sólo en un 22% en el sector público.

Un ejército privado de guardias armados

Según datos oficiales, en diciembre de 2012 había en España un total de 223.299 vigilanteshabilitados, de los cuales sólo 82.150 estaban en activo. Paralelamente, en el sector público había un total de 241.791 agentes, de los cuales 80.300 pertenecían a la Guardia Civil, 70.733 a la Policía Nacional, 64.500 a la Policía Local, 17.160 a los Mossos d’Esquadra(Cataluña), 8.008 a la Ertzaintza y 1.090 a la Policía Foral de Navarra. Como se ve, las cifras globales son muy similares entre el total de unos y de otros.

La crisis en la seguridad privada era un hecho y en 2013 el Gobierno de Rajoy acudió en ayuda de un sector en el que han estado relacionados desde la familia Mayor Oreja –por ejemplo, en el Grupo Eulen, ahora con problemas con la justicia en Melilla- hasta el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Segur Ibérica, pasando por otros antiguos ministros populares con Aznar, como Arias Salgado o dirigentes como Martín Villa y numerosos nombres más.

Ya en 2013, según datos del propio gobierno a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo de Rajoy concedió nada menos que un total de 224.094 contratos sólo en vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) a sólo 32 empresas de seguridad.

Según la documentación remitida por el Ministerio del Interior al diputado socialista Juan Carlos CorcueraSecuritas Direct España fue la receptora del mayor número de contratos con la Administración General del Estado, con un total de 130.282; le seguía Prosegur España, con 22.725 contratos; Tyco Integrated Security, con 9.026; Detector De Seguimiento y Transmisión, con 8.076; Segur Control, con 5.091, o Ralset Seguridad, S.L., con 4.590.

En total, y en definitiva, 224.094 contratos que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente. La cifra asciende a 250.000 contratos públicos si tenemos en cuenta otros documentos gubernamentales remitidos al Congreso en los que amplía la lista de contrataciones hasta 50 empresas; es decir, 18 más de las aquí relacionadas.

La importancia de tener amigos

Ahora bien, los sindicatos de clase denuncian que, pese al volumen de contratación, las empresas beneficiarias del Gobierno han llegado incluso a incumplir el convenio colectivo del sector, con pagos de salarios mínimos. Citan como ejemplo a Securitas Seguridad(2.165 contratos) y Cyrasa (1.226). Y como dato curioso hay que señalar que Securitas Seguridad, por ejemplo, obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales: ese aeropuerto fantasma que puso en marcha el condenadoCarlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. El contrato se lo otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía el propio Fabra.

Por esas y otras razones, los sindicatos están que trinan, y no sólo los policiales.

Según fuentes sindicales, en estos contratos promovidos por el gobierno del PP ni se ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos ni se les ha exigido que mantengan las plantillas. UGT ha denunciado, por ejemplo, cómo días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores asignara un contrato de dos millones a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla.

Prosegur, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, cuenta con más de 22.725 contratos con la Administración General –según la documentación oficial en poder de Vozpópuli- y recibe un excelente trato por el gobierno del PP. Los sindicatos citan las buenas relaciones que Revoredo y sus hijos Chistian y Chantalmantienen con el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo.

Es público que Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa, implantando vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y ¡en la sede de varias unidades del Ejército!

Pero nada de esto es extraño: las relaciones con el PP siempre fueron buenas, dado que la presidencia de esta empresa fue ocupada en diversos periodos por los exministros Rodolfo Martín Villa y Rafael Arias Salgado. Y también es público que José María Mayor Oreja, hermano Jaime, exministro de Interior de Aznar, facilitó en su momento la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado.

La privatización de la seguridad en las cárceles

Pero nada de lo anterior parecía bastar para un sector que entró en doble crisis –la económica y la desaparición del terrorismo etarra- y, tal vez por la presión constante de esas empresas, el Gobierno de Rajoy ha venido abriendo nuevos caminos –es decir, nuevos espacios de negocio- para la seguridad privada, como la decisión adoptada hace unas fechas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de privatizar la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil.

En ese punto, asociaciones como la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) están que trinan y han denunciado cómo el Gobierno del PP abre el negocio a lo privado mientras la plantilla de la Guardia Civil ha descendido en 7.000 guardias en los últimos años y se les comunica que “no es posible rejuvenecer el parque móvil por falta de partida presupuestaria”, con vehículos con más de 200.000 km. y otros con más de diez años que suman ya el 30% del total. “Pero sí es posible la privatización de 67 prisiones de competencia estatal y la integración de 800 vigilantes de seguridad”, dicen.

En ese punto, diversas asociaciones de la Benemérita, como UniónGC y AUGC, han calculado encarecimientos cercanos al 200%en la seguridad exterior de las prisiones con esta privatización, además de complicar en gran medida los protocolos policiales de actuación, que deben integrar una nueva figura como es la del vigilante privado.

La familia Mayor Oreja y el ministro Morenés

Además, UniónGC ha denunciado directamente la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas y en mayor medida a Ombuds que, dicen ellos, “algo tiene que ver con el ex ministro Mayor Oreja y también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés”. En realidad, Ombuds está vinculada a Rodrigo Cortina López y a su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga.

UniónGC también ha denunciado que otra no menos importante, Segur Ibérica, “también parece cercana al actual ministro Morenés, además de otras empresas pantalla que de una u otra forma rendirán primeramente servicio a su consejo de administración y en segunda medida prestaran un servicio público con lo sobrante”.

En definitiva, que en las fuerzas de seguridad no sentó muy bien que el Gobierno firmara en 2014 un primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue de 800 profesionales de seguridad privada, lo que supone 41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil. Añade UniónGC: “Claro está que si tenemos en cuenta que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández Díaz”.

Y es que Interior consiguió la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobbyCírculo de Empresarios, Monica Oriol Icaza. De ahí la cita de las asociaciones de guardias civiles a esta empresaria.

Con el Grupo Eulén, que ahora se investiga en Melilla, se citan las excelentes relaciones con el mismo de la familia Mayor Oreja y hasta el que fuera director general de la Policía con Aznar, Juan Cotino.

En Segur Ibérica, que ha obtenido un buen número de contratos públicos de todo tipo, figuró como presidente el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa. Bueno, en realidad, las buenas relaciones de Morenés se hallan más bien con el sector naval (en enero de 2009 presidió el Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte), y el armamentístico: fue director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA, así como consejero de Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo.

Rizar el rizo: la desaparición de la Policía Local

La última en esta manía privatizadora de la seguridad ha sido la decisión adoptada a finales del pasado mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual las mancomunidades de municipios de Castilla y León no podrán disponer de Policía Local y tendrán que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”, según publicó el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de septiembre.


viernes, 20 de febrero de 2015

Prisiones: Vigilantes de Seguridad por 48 millones de euros

SEGURIDAD - El proceso comenzó en mayo de 2013 y se amplió en octubre de 2014
Vigilantes privados en las cárceles por 48 millones de euros
Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican el plan del Gobierno
Denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras
El Ejecutivo alega que las incorporaciones son 'refuerzo', no sustitución



Fuente: elmundo.es - JOSE MARÍA ROBLES Madrid - 20/02/2015 

En la prisión de Cáceres hay dos personas en un puesto exterior y ningún jurista. En Pamplona sólo disponían de un médico hasta hace unas semanas. En Albacete prácticamente no tenían ni para sillas nuevas. Son algunas situaciones precarias que contrastan con los más de 33 millones de euros presupuestados por el Gobierno para la segunda fase de la privatización de la seguridad exterior penitenciaria, que comenzó el pasado 1 de octubre. Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican la contratación de vigilantes en las cárceles y denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras.

"La privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios representa un dispendio económico enorme y sin ningún sentido, ya que supone duplicar un número de servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público (policía o guardia civil) y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada", rechaza Juan Ángel Figueroa, vicepresidente nacional de ACAIP(Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).

El sindicato se opone desde el inicio al proceso de privatización de la vigilancia perimetral promovido por el Ejecutivo a través de la Ley de Seguridad Privada, ya que "no responde al interés general a favor de la seguridad, sino que se hace para mejorar los beneficios de las empresas privadas. De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido del Gobierno (PP) con empresas de ese ramo. Para ello no se ha dudado en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana".

48 millones de euros asciende ya el presupuesto del 'servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios' contemplado en el nuevo marco legal (Ley 5/2014, de 4 de abril). 7.391.547,57 euros fueron desembolsados en un 'proyecto piloto' en 21 cárceles. Comenzó en mayo de 2013, empleó a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, acabó prolongándose ocho más. A ello se añaden los 33.387.743,03 euros invertidos en una segunda fase en las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre. Dicha fase, que se traducirá en 550 nuevas contrataciones, durará un año y podría ser prorrogada otros 12 meses.

En Europa
Reino Unido

Se convirtió en 1992 en el primer país de Europa con prisiones administradas por empresas consignadas por el Estado. En la actualidad 14 cárceles de Inglaterra y Gales -de un total de 132- son explotadas mediante contrato, según datos del sindicato ACAIP.

Francia

También ha delegado en 40 centros (36% de la población reclusa) el mantenimiento de las instalaciones, la provisión de comida y las actividades de reinserción. No obstante, la limpieza, la seguridad interna y externa, los controles administrativos y la asistencia judicial y médica siguen en manos del Gobierno.


Precedentes

En España ya están subcontratados la limpieza de dependencias de funcionarios (interiores y exteriores), el catering de las comidas de los reclusos en algunos centros, el mantenimiento integral de las instalaciones y la asistencia sanitaria especializada.
Contra estas incorporaciones, quedesde el Gobierno se defienden como "refuerzo" y no como "sustitución", se posicionan no solamente los funcionarios de prisiones. También la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, profesionales que ven cómo las tareas derivadas de la vigilancia desde puestos fijos o garitas, el control de personas, vehículos y mercancías, y la observación y manejo de circuitos cerrados de televisión son asumidas por vigilantes.

Ello a pesar de que el artículo 63 del Reglamento Penitenciario especifica que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas". Además, temen que en una tercera fase se produzca la reducción de efectivos en algunos centros y el cambio forzoso de destino para los afectados.

"En principio el Gobierno esgrimió tres pretextos para llevar a cabo esta privatización: recolocación del personal de seguridad privada que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra, reubicación de los guardias civiles y policías destinados en las prisiones en labores de seguridad ciudadana y ahorro económico", desgrana en nombre de la Asociación Unificada de la Guardia Civil(AUGC) Rafael Sánchez, quien califica ese primer argumento de "rotunda mentira".
"El número de ex escoltas que ha prestado servicio en el País Vasco y ha sido contratado por las empresas de seguridad en los 21 centros penitenciarios alcanzó la cifra de 95 personas, que sobre un total de 254 vigilantes representa un 37,40% del total. Porcentaje que se reduce al 10% en la segunda fase", saca la calculadora Figueroa.
Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas(ASES), confirma que la presencia de guardaespaldas al otro lado de los tornos es "meramente testimonial" y matiza que tampoco existe entre la profesión "una demanda significativa" de los servicios ahora ofertados en la cárcel. "Los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos, personalidades, etc.", hace balance.

No obstante, De la Cruz detecta entre sus colegas "cierta frustración", ya que "todos los partidos políticos a los que se prestó servicios de protección frente al terrorismo afirmaron públicamente la obligación moral de reconocer y premiar nuestra labor". "La realidad", prosigue en sintonía con Sánchez, "es que a quienes ha beneficiado este proceso ha sido a las empresas de seguridad que tenían asignados servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, que como 'compensación' han obtenido estos contratos".

Interior defiende la 'optimización en la gestión'

La Secretaría de Estado de Seguridad aduce que "al inicio de este modelo el 40,6% de los vigilantes que prestaba servicio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra, si bien la selección del personal para garantizar el servicio en los puestos contratados es competencia exclusiva de las empresas adjudicatarias, bajo criterios sometidos a la legislación propia sobre la materia, tanto en las nuevas incorporaciones como en la subrogación de los servicios que se venían prestando".

"Se ha hecho todo con un oscurantismo y falta de transparencia poco usual", enjuicia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) por boca de Adolfo Pérez la decisión del departamento de Francisco Martínez Vázquez de resolver la adjudicación de la vigilancia perimetral en el 'proyecto piloto' medianteprocedimiento negociado sin publicidad. Esto es, mediante invitación directa a empresas que ya trabajaban para la Administración, y no como concurso público abierto a otras compañías del sector. Se alegaron "circunstancias excepcionales" para la seguridad para justificar la elección de este formato.

"En los últimos años ha habido una disminución de la oferta pública de empleo en todo el ámbito de la AdministraciónPública. Esto ha obligado a hacer una mayor optimización en la gestión de los servicios de seguridad, entre los que se encuentra la vigilancia de los Centros Penitenciarios", expone la Secretaría de Estado de Seguridad. "El criterio de adjudicación previsto es el de la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, por lo tanto han sido los licitadores que presentaron una mejor oferta los adjudicatarios del contrato".

En la segunda fase, la UTE (Unión Temporal de Empresas) constituida por Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Sabico, Garda, Vinsa y Casesa se adjudicó el Lote 1 (prisiones de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429,59 euros) ofertado por Interior en la mesa de contratación celebrada el 30 de julio de 2014.

Securitas obtuvo el Lote 2 (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste 8.551.283,55 euros), mientras queOmbuds en solitario presentó la propuesta más ventajosa en relación al Lote 3 (Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de7.671.805,51 euros) y la UTE formada por Coviar y Segur Ibéricase hizo con el Lote 4 (Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224,38 euros).

Grado de formación y principio de autoridad

Pérez, presidente nacional del sector de prisiones de CSI-F, califica el proceso de privatización de "pelotazo" y lo compara con el "'ladrillazo' penitenciario de la época socialista". Figueroa se pronuncia con la contundencia de los datos y habla abiertamente de "lucrativo negocio" para las licitadoras. "El costo por vigilante rondará los 30.000 euros al año", advierte. ACAIP cifra en 3.200 euros al mes el costo por vigilante en la fase piloto y en 2.200 ya en la segunda.

Una cantidad que "sigue estando muy alejada" de los 1.100 euros del salario medio de un funcionario de prisiones (subgrupo A1) o de los 1.600 de una agente de Policía Nacional. "La experiencia piloto deja claro que el margen de las compañías estaría en torno a los 1.850 euros al mes por trabajador, una forma de compensar la pérdida del sector de escoltas, cuyo coste para el Estado era superior a los 5.000 euros al mes por efectivo", zanja el representante sindical. Y remacha: "Vemos con indignación cómo el Ministerio del Interior paga cuatro veces más las noches a los vigilantes que a los funcionarios".

Desde la AUGC también se hace hincapié en que la "excusa" económica es "la más burda de las tres". "Teniendo en cuenta que las FFCCSE siguen en los centros penitenciarios, resulta obvio que no ha habido un ahorro para las arcas públicas, sino todo lo contrario: underroche escandaloso e innecesario del dinero público con el único fin de beneficiar a las empresas de seguridad privada", subraya Sánchez.

Preocupación con matices transmite el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que reclama al proceso "transparencia y legalidad". "No estamos de acuerdo en la privatización de la seguridad pública, pero dicho esto es preciso aclarar que dentro del servicio prestado por el CNP en los centros penitenciarios existen labores en las que la seguridad privada sí tiene cabida", tercia el portavoz Javier Estévez. Para ello, habría que "marcar unas pautas de trabajo y una definición de funciones que a día de hoy no han sido fijadas como deberían" y "establecer un número mínimo de funcionarios en esas labores, que habría de marcarse centro por centro".

ACAIP lamenta que las prisiones españolas carezcan de "un adecuado mantenimiento y conservación" y se queja de la "cada vez más agravante falta de personal" en los centros. "El Gobierno sí tiene dinero para una Oferta de Empleo Privada de 800 vigilantes mientras la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de legislatura del PP ha sido de 85 empleados. Con los 33 millones se podría haber contratado o dotado de más funcionarios de prisiones en el mismo periodo temporal. Es decir, a la Administración le hubiera resultado más barato un funcionario de prisiones que un vigilante privado, con las más que evidentes diferencias formativas y de preparación a nuestro favor", insiste Figueroa.

Antonio Duarte, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), defiende el grado de formación de sus representados y apunta que los candidatos deben superar "20 horas anuales" de formación obligatoria y un curso de especialización en Seguridad en Instituciones Penitenciarias. "Venimos haciendo estas mismas funciones en centros similares, como los de menores con medidas judiciales o los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes), pone en valor Duarte el desempeño del colectivo.

CSI-F alerta no tanto sobre la capacitación como sobre la confianza hacia los nuevos contratados. "Puede haber gente que ha estado guardando discotecas, que a lo peor ha tenido contacto con bandas organizadas. Y además hay otra cosa que es muy importante de cara a la población reclusa: el principio de autoridad. No es lo mismo un guardia o un funcionario que un civil".

'Duplicidad de funciones manifiestamente inútil'
Tomás Torrego (Secretario General SUP Segovia)

Desde el pasado 1 de octubre la empresa Securitas Seguridad España trabaja en la vigilancia perimetral en el centro penitenciario deSegovia-Torredondo, relevando a miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el desarrollo de algunas funciones.

"Tras estos meses de experiencia no ha supuesto ninguna mejorael servicio prestado en dicho centro, sino que además supone en algunos casos una duplicidad de funciones manifiestamente inútil", señala Torrego, quien subraya que en el puesto antes ocupado por un policía ahora hay un vigilante supervisado por un agente "debido a la sensibilidad" de dicho cometido.
Segovia-Torredondo es el único centro de Castilla y León bajo control del Cuerpo Nacional de Policía. En torno al 15% de la plantilla de la Comisaría local desarrolla funciones relacionadas con la seguridad del centro penitenciario, como recorridos, conducciones y custodios de los internos. Pese a la incorporación de los vigilantes "no ha habido una recuperación proporcional de efectivos", enfatiza Torrego.

El secretario general del SUP Segovia teme que en los próximos años la plantilla "pueda verse mermada drásticamente al no convocar la Dirección General de la Policía plazas vacantes si se utilizara la falsa regla de que un vigilante se hace cargo de la tarea de un policía en el centro penitenciario".

'Falta de transparencia y de respeto'
Agustín Clemente (Secretario General AUGC Albacete)

La vigilancia exterior de la prisión albaceteña de La Torrecica, como la del resto de centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, fue asignada a la empresa Ombuds. La llegada de personal externo ha provocado que el número de guardias civiles que prestan servicio haya pasado de cinco a tres.
Clemente se hace eco de un "malestar importante" en el Cuerpo y detecta "menosprecio" por parte del Ministerio del Interior. "Durante años hemos realizado este servicio, muchas veces en condiciones lamentables y sin ningún incentivo económico y ahora vemos cómo una empresa privada gana dinero. Por supuesto, a costa de sus trabajadores (21 vigilantes), que cobran una miseria por hacer aproximadamente 220 horas al mes, alrededor de 60 extra, para percibir un sueldo de 1.300 euros, quedando para la empresa una ganancia en torno a los 600-800".


"Y todo esto para reforzar y complementar un servicio que era el adecuado y eficaz; ésta era la respuesta cuando solicitábamos mejoras", denuncia la paradoja. El secretario general de AUGC Albacete muestra su preocupación por qué en la tercera fase del proceso de privatización el Cuerpo deje de prestar servicio en la prisión. "Vemos cómo se impone la falta de transparencia y de respeto. Mientras a nosotros se nos niega el pan y la sal, para otros sí que hay recursos", concluye.