jueves, 30 de octubre de 2014

Noticias: Intervenciones de la Seguridad Privada

SUCESOS
Intentan robar en Área Sur y acaban estrellándose en El Puerto
La Policía Local persiguió a la furgoneta hasta que volcó en la curva de Aqualand.

Fuente: diariodejerez.es - PEDRO M. ESPINOSA, JEREZ | 30.10.2014 –

Una espectacular persecución finalizó pasadas las tres y media de la tarde de ayer con el vuelco de una furgoneta en la autovía que une Jerez con El Puerto, en la conocida como cuesta del parque acuático portuense. Fue el final de una historia que arrancó alrededor de las tres de la tarde en el Centro Comercial Área Sur. Los vigilantes de seguridad de la superficie detectaron una furgoneta blanca cuyos movimientos les resultó sospechosos, lo que hizo que anotaran el número de su matrícula.

Poco después, los dos ocupantes del vehículo intentaban robar la caja registradora del Centro de Oportunidades de El Corte Inglés, algo que no lograron por la rápida actuación de la seguridad privada del recinto, que dio alerta a la Policía Local y a la Policía Nacional. Con los datos de la matrícula, el CNP detectó que se trataba de una furgoneta que había sido sustraída en la población de Conil, por lo que prepararon un dispositivo para detenerla por las carreteras aledañas. A la vez, un coche patrulla de la Policía Local la localizó en la autovía que lleva hasta El Puerto e inició una rápida persecución. Sin embargo, la velocidad que cogió la furgoneta fue tal que el dispositivo apenas podía mantenerla en su campo visual. Precisamente, debido a esta velocidad que tomaron los supuestos ladrones en su huida, volcaron en la curva de Aqualand.

En un primer momento, el accidente no fue presenciado por los agentes de la Policía Local, a los que los supuestos ladrones habían sacado una considerable ventaja. Sin embargo, rápidamente llegaron y fueron los primeros en auxiliar a estas dos personas que resultaron heridas en el vuelco hasta que poco después llegó una ambulancia que los trasladó al hospital de Jerez, donde han sido examinados y continúan ingresados custodiados por agentes de la Policía Nacional.

Cabe destacar que agentes del CNP ya habían dispuesto un control para detener a estas dos personas un poco más adelante con el objetivo de evitar poner en riesgo a más vehículos, pero el accidente de la furgoneta lo precipitó todo.

Estas dos personas han sido detenidas y se les imputa un presunto delito de intento de robo, por lo que en las próximas horas pasarán a disposición judicial junto con las pruebas que obran en poder de los cuerpos de seguridad.

Sucesos
Arrestado un hombre por robar cinco paquetes de jamón curado

El hombre reaccionó violentamente contra el vigilante de seguridad que le sorprendió in fraganti

Fuente: laopiniondemalaga.es - José Torres 30.10.2014

Un hombre de 47 años ha sido detenido por la Policía Nacional de Málaga como presunto autor de un robo con violencia que cometió en un supermercado del que quiso llevarse cinco paquetes de jamón curado.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre sobre las 18.00 horas en un establecimiento de la capital, cuando el cliente fue requerido por un vigilante de seguridad del local. Según fuentes policiales, el guardia se percató de que el hombre se había introducido entre la cintura y los pantalones hasta cinco paquetes de jamón curado, por lo que le exigió que devolviera los alimentos.

Sin embargo, lejos de ceder, el ahora detenido reaccionó violentamente propinándole empujones y amenazas verbales.


Poco después, una dotación de la Policía Nacional se personó en el establecimiento y comprobó que se trataba de un hombre con varios antecedentes policiales y procedieron a su detención por un presunto delito de robo con violencia.

Cuando los sindicalistas cobran de donde no deben - El Cazador Cazado

Cuando los sindicalistas cobran de donde no deben

El sindicato USO disuelve su gestora en Galicia al salpicar a sus dirigentes otra (y van un montón) trama corrupta de fondos de formación

Entre los implicados aparece Antonio Duarte, denunciante del presunto fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria

Según la Policía, Duarte y los suyos cobraba comisiones ilegales de un empresario por cederle los cursos de formación del sindicato

Fuente: eldiario.es/canariasahora/topsecret - 30/10/2014

El fraude en los cursos de formación se extiende como una epidemia por todo el territorio patrio. A falta de que en algún registro oficial conste una cosa distinta, casi estamos en condiciones de asegurar que todo empezó en ese territorio tan lleno de especificidades que es Canarias, donde al amparo del Instituto Canario de Formación y Empleo, creado en los noventa, una pandilla de salteadores de caminos se llevaron sin recato un buen puñado de unos fondos de la Unión Europea destinados a sacarnos del pozo en el que aún estamos. Que, como dice el PP, los empresarios turísticos todavía prefieran para algunos puestos a trabajadores no isleños no es más que el resultado directo de ese fracaso colectivo que han sido los cursos de formación, destinados desde aquellos momentos a la financiación de asociaciones empresariales, sindicatos, y algún que otro espabilado que cosía para la calle. La media docena de cargos públicos que se sentaron recientemente en el banquillo tras tres quinquenios de proceso judicial, resultaron absueltos porque jamás se demostró que actuaran con negligencia ni que, por supuesto, se mamaran un solo euro.

Antonio Duarte, dirigente de USO implicado en otro escándalo de cursos de formación, es el denunciante del fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria. | FTSP-U.S.O. Las Palmas

Pero lo más flagrante del caso Icfem no han sido esas absoluciones, sino que una gran parte del dinero mamado no apareciera jamás y que en ningún caso nadie apuntara hacia los que se lo llevaron a manos llenas. La facilidad con la que esos dineros iban de mano en mano sin los menores controles ni siquiera de asistencia de los alumnos, con firmas falsificadas, cursos que jamás se impartieron y academias fantasmas, parece haber dado lugar a que otras comunidades autónomas hicieran lo mismo. Tras Canarias y Andalucía, lo último que ha estallado ha sido el caso Zeta, de cursos de formación muy sandungueros impartidos a mayor gloria de empresarios y sindicatos en Galicia.


El cazador cazado

Fuente: eldiario.es/canariasahora/topsecret - 30/10/2014

Y es en Galicia donde nos hemos encontrado con un personaje muy peculiar vinculado a la Unión Sindical Obrera (USO), central que ha disuelto fulminantemente su gestora en esa comunidad al aparecer en informes policiales tres de sus miembros cobrando indebidamente unas comisiones que generosamente les pagaba un empresario, Gerardo Crespo. En la contabilidad B de este personaje han aparecido pagos sospechosos girados en favor de ese sindicato, además de facturas correspondientes a coches de alquiler que corrían por cuenta del empresario y que los sindicalistas usaban para tareas propias de su condición.

Entre los sindicalistas salpicados por este escándalo figura uno que de un tiempo a esta parte aparece en noticias de prensa en Canarias, Antonio Duarte, que además de responsable de la gestora de USO en Galicia, es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de ese sindicato. Actuando como tal, Duarte es el promotor de la querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, empresa por la que se enfrenta a una causa penal por presunto fraude a la Hacienda Pública al haber declarado como dietas y gastos de viaje lo que en realidad (presuntamente) eran horas extraordinarias de sus vigilantes.

Nada que decir a esa querella de la fiscalía, en la que USO aparece como acusación particular, pero sí al sindicalista que no solo promovió esa acción de la justicia, sino que ha dedicado gran parte de su tiempo y de unos recursos económicos cuya procedencia hay que poner desde ahora en remojo, a una pertinaz campaña de descrédito de Ramírez y de su empresa que ha incluido desde ruedas de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, a acciones de comunicación en toda España y al reparto constante de dosieres conteniendo esa denuncia entre toda la clientela presente y futura de Seguridad Integral Canaria.

Si además de su implicación en el fraude de los cursos de formación se confirmara la sospecha lanzada por el propio Ramírez de que a Duarte le pagan sus gastos las compañías de la competencia, con Prosegur a la cabeza, nos encontraríamos ante una constante en la historia de los grandes impostores denunciantes de casos de corrupción: el síndrome del cazador cazado.


Juzgados: Sustituyen a vigilantes por Guardia Civil en la reserva

FUERZAS DE SEGURIDAD
La Guardia Civil asume desde el lunes la vigilancia de juzgados

La DGA estima que ahorra 50.000 € al remplazar a los vigilantes privados. El SUP critica el "derroche" de no seguir usando a la Unidad Adscrita

Fuente: elperiodicodearagon.com  F. MANTECÓN / L. M. GABÁS 30/10/2014

La Guardia Civil asume desde el próximo lunes la vigilancia de once sedes judiciales de Aragón en diez localidades distintas, en sustitución parcial de la seguridad privada, pero también de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón. Una decisión que, según los cálculos de la DGA, supone un ahorro de unos 50.000 euros.

Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) califica de "derroche" la medida, al menos en Zaragoza, donde se sustituye a sus efectivos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y la nueva Audiencia Provincial. Los agentes del instituto armado perciben un plus mensual del Gobierno de Aragón de casi 680 euros por esta vigilancia, mientras el complemento policial es de casi 200. Y este no se lo ahorran, ya que los agentes simplemente se dedican a otra cosa. Por ejemplo, a vigilar la Ciudad de la Justicia, donde no habrá Guardia Civil por falta de demanda de plazas.

El sindicato también critica que la vigilancia de edificios institucionales es una de las pocas competencias que tiene el cuerpo, infradotado en efectivos. Pero precisamente por eso, fuentes de la Consejería de Interior se mostraron "encantados" con el hecho de tener agentes libres para otros servicios, como la custodia de menores o el control del juego.

La incorporación de la Guardia Civil deriva de un acuerdo de la consejería de Justicia con el Ministerio del Interior, adoptado en diciembre del 2012 pero no activado. La orden de comienzo la firmó la directora general de Justicia, Tomasa Hernández, el pasado 22 de octubre.

Según explicó, inicialmente el Gobierno preveía ahorrar 200.000 euros con la medida, en toda la comunidad, con la sustitución de la seguridad privada por guardias civiles en la reserva. Lo cual, al mismo tiempo, solucionaba el problema de tenerles con sueldo y sin actividad. Pero finalmente el ahorro ha sido menor de lo previsto.

Por un lado, las empresas de seguridad privada argumentaron ver que si les iban a rescindir los contratos, ellos tendrían que realizar despidos. Para no generar un conflicto laboral, se decidió que la sustitución sería parcial: los vigilantes asumirán en solitario el control del Registro Civil, cubrirán algunas franjas horarias --de tarde-- y sustituirán a los agentes de baja.

Además, de las 54 plazas ofertadas, voluntarias, solo se han cubierto 20: 9 en Zaragoza, 2 en Huesca, otras tantas en Teruel y un agente en Calatayud, Tarazona, Jaca, Barbastro, Monzón, Alcañiz y Boltaña. De ahí que se mantenga la Adscrita y la seguridad privada.


Con todo ello, el ahorro estimado de la DGA se ha reducido a 50.000 euros. Pero, según los cálculos del SUP, la aportación anual de la DGA por agente de la Guardia Civil es de unos 9.000 euros. En el caso de Zaragoza --el único en el que consideran que hay efectivos suficientes de la Adscrita-- serían 80.000 euros que podrían ahorrarse si se mantuviese o reforzase la presencia policial. La intención de Justicia es ampliar la presencia del instituto armado.

El Secretario General de la Federación de Seguridad Privada de USO, imputado por la Operación Zeta

OPERACIÓN ZETA
La trama de las subvenciones ya salpica a 67 personas y asociaciones

La jueza las cita como imputadas en la causa de los cursos de formación

Fuente: lavozdegalicia.es- Alberto Mahía A Coruña / 28 de octubre de 2014

A día de hoy, ya son 67 los imputados por la trama de las subvenciones. Y todos ellos han pasado por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. Siete custodiados por la Policía, pues fueron puestos a disposición judicial tras ser detenidos, y el resto solo acompañados de un abogado. Unos quisieron declarar y otros no. Unos dejaron en mal lugar a los principales cabecillas de la trama y otros no. Unos no se acordaban de casi nada y otros de todo o de casi todo.

De la trama de los cursos de formación solo se sabe lo que la policía y la jueza pudieron deducir de los pinchazos y registros, porque poco o nada se pudo sacar a los principales imputados en sus comparecencias ante el juez, pues se negaron a declarar. Son el empresario coruñés y supuesto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo; tres de sus trabajadoras de confianza, Margarita O.N, Mercedes G.R. y Susana L.O; el presidente de la Confederación de Autónomos (Caype), Eliseo Calviño; el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, y el director de la feria de autónomos, José Luis Fraga. A todos ellos se les imputa delitos de fraude de subvenciones y estafa, malversación de caudales públicos y delitos instrumentales conexos, como falsificación o blanqueo.

Según el grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional, esos siete imputados idearon o ejecutaron un plan para nutrir sus empresas o sus bolsillos de dinero público procedente de subvenciones para cursos de formación, fomento de empleo o ayuda a discapacitados. Una vez que recibían el dinero, se lo repartían. A veces ni siquiera realizaban el curso y otras lo realizaban mal, añade la policía, que coloca a Crespo, Calviño y Pérez Bello en lo alto de la trama y el resto como meros «brazos ejecutores».

La lista de los otros 60 imputados la forman cargos de la administración, presidentes de entidades profesionales -autoescuelas, clínicas privadas, funerarias, hosteleros...-, vecinales o empresariales. Así, del sumario destacan los nombres, aparte de los principales imputados, de responsables de asociaciones, como María de los Ángeles de la Iglesia Daviña, que es la presidenta la Federación Provincial de Asociaciones Comarcales de Empresarias, Profesionales y Emprendedoras de A Coruña (FEDACEPE); Juan Manuel Becerra Vázquez, presidente de la Federación Gallega de Servicios Funerarios; José Manuel López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas; Lisardo Domínguez Rodríguez, secretario general de Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos de Galicia (Upta); y José Luis Rodríguez Dacal, presidente de la Federación de Farmacias de Galicia; Héctor Cañete del Campo, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga). Todos ellos están imputados por los mismos delitos, por fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos.

También aparecen sindicalistas en la lista de los que fueron llamados a declarar como imputados por los mismos delitos que los anteriores, como Alfonso Ares Mejuto, responsable de formación de USO y Antonio Duarte, secretario general del sindicato.

Junto a ellos, aparecen los nombres de funcionarios o altos cargos de la administración, como Luis Álvarez Freijido, ex delegado de Benestar y ex alto cargo de la Diputación coruñesa; Odilio Martiñá Rodríguez, ex director xeral de Relacións Laboráis de la Xunta; Joaquín Vila Sampayo, ex jefe de servicio de la Consellería de Traballo; y María Isabel Caramés González, jefa de servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo; y Esther Álvarez Fernández, directora técnica del instituto de Consumo.


USO disuelve su ejecutiva en Galicia tras el presunto fraude en los cursos.

El sindicato se hará cargo de su sede en la comunidad autónoma tras la supuesta implicación de tres de sus miembros en la trama

Fuente: farodevigo.es - Tania Suárez | A Coruña 29.10.2014

La Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) decidió ayer disolver su gestora en Galicia debido a la presunta implicación de tres de sus miembros en la Operación Zeta. Los dirigentes anunciaron que se hacen cargo de su sede en Galicia, situada en la avenida del Ejército de A Coruña, debido "a las informaciones" que relacionan a líderes de USO con la trama delictiva que defraudaba subvenciones destinadas a cursos de formación para desempleados.

La documentación de la caja B de las empresas de Crespo de la que se incautó la policía refleja abonos por importe de 13.000 euros al sindicato USO Galicia. Para los instructores, los pagos responden a las devoluciones que el empresario hacía a las entidades que lo subcontrataban para realizar los cursos. El sumario también recoge pruebas de que una empresa de Crespo pagaba el coche de alquiler que utilizaban los sindicalistas para, supuestamente, llevar a cabo gestiones de USO. Tres miembros del colectivo prestaron declaración ante la Policía Judicial en Lonzas en calidad de imputados, pero no detenidos. La jueza que instruye los hechos, por el momento, no decretó su imputación en el caso.

La dirección de la organización que defiende los intereses de los trabajadores ordenó la apertura de una auditoría contable interna y la fiscalización "de las acciones formativas solicitadas y ejecutadas". El sindicato, además, decidió suspender "cautelarmente" de militancia al responsable de Formación de USO Galicia, en aras a la "presunción de inocencia". La Comisión Ejecutiva Confederal de la entidad destaca en un escrito enviado a los medios de comunicación que siempre ha exigido "honestidad en la gestión de fondos públicos".

Los investigadores, además de los pagos al sindicato que figuran en la contabilidad B de Crespo, incluyen en el sumario la transcripción de un mensaje que le envía el empresario al alcalde, Carlos Negreira, en el que le solicita que mantenga una reunión con el dirigente de USO Galicia. El sindicalista, según el imputado, le pidió que mediase en el encuentro con el regidor. La Policía Judicial considera que las intervenciones telefónicas, así como la documentación que consta en la causa judicial, evidencian la relación que mantenía el presunto cabecilla de la trama de fraude de subvenciones, Gerardo Crespo, con los miembros del sindicato en Galicia.


Tanto el coordinador de USO Galicia, Antonio Duarte, como el encargado de Formación del sindicato, Alfonso Ares; y el responsable de Organización del colectivo, Miguel Ángel Méndez, negaron ante la Policía Judicial haber recibido pagos de Crespo a cambio de que contratasen a sus empresas para realizar los cursos de formación para los que recibían ayudas públicas. El coordinador del sindicato, no obstante, acusó a Crespo de ofrecerle dinero si le encargaba a alguna de sus compañías la ejecución de los planes de empleo subvencionados.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Tribunales / Securitas no puede reducir un complemento de puesto de trabajo

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 7 de Bilbao de 15 de Octubre de 2014 en reclamación de cantidad contra Securitas Seguridad España.

Elaborado por CCOO en Vinsa – 29 Octubre de 2014.

La empresa Securitas con sede en Bilbao, redujo la cantidad que los vigilantes de seguridad percibían en concepto de Complemento de puesto de trabajo, por la labor desarrollada en el puesto denominado Mobile, realización de rondas periódicas en un vehículo por fábricas que tienen alarmas de la empresa y también la atención a los domicilios de los clientes.

Procedió a compensar y absorber parcialmente dicho complemento en la cantidad de 31,37 € mensuales, a partir de mayo de 2013, quedando la cantidad en 118,63 €, sobre los 150€ que percibían con anterioridad, todo a raíz de la publicación de las tablas salariales del Convenio Sectorial para el año 2013 ( una de las renegociaciones que eliminó los pluses de transporte y vestuario en las pagas extras).

La magistrada señala en su sentencia que este complemento viene a atender a la mayor gravosidad de las condiciones de trabajo de un determinado puesto, y su percepción se vincula a la efectiva adscripción a dicho puesto, y en consecuencia no puede ser adsorbido o compensado con los incrementos retributivos del  Convenio, tal y como pretende la empresa Securitas.


La sentencia obliga a Securitas al abono de las cantidades dejadas de percibir por los trabajadores desde que la empresa redujo el importe del mencionado complemento de puesto de trabajo.

lunes, 27 de octubre de 2014

El Gobierno justifica una adjudicación a Seguridad Integral Canaria

Patrimonio justifica un contrato público al presidente de la UD Las Palmas

La empresa Seguridad Integral Canaria es la adjudicataria del contrato para vigilar los edificios de Patrimonio Nacional

Fuente: laprovincia.es - Agencias 27.10.2014

El Gobierno justifica la concesión de un contrato de más 11 millones de euros al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, imputado por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, alegando que la unión temporal de empresas con la que se presentó al concurso lo ganó y que ni a la Agencia Tributaria ni a la Seguridad Social le constaba el fraude del que le acusaba la Fiscalía.

La empresa Seguridad Integral Canaria es la adjudicataria del contrato para vigilar los edificios de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia. Ramírez fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2013 de un delito contra el Medio Ambiente. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, preguntó al Gobierno el pasado mes de marzo si consideraba "razonable" adjudicar un contrato público a un empresario que había sido imputado a raíz de la querella de la Fiscalía de Delitos Económicos, que ya había sido admitida a trámite cuando se resolvió el concurso. También quería saber en qué medida había afectado a la decisión del Gobierno el hecho de que Ramírez "sea donante" del PP.

En su respuesta, el Ejecutivo explica que las ofertas de Seguridad Integral Canaria fueron, "para la totalidad de los ocho lotes en que estaba configurado el concurso, las que obtuvieron la mejor puntuación global" porque lograron las mejores marcas tanto en la oferta económica y como "en los criterios evaluables mediante fórmulas". "Aspectos no susceptibles de valoración subjetiva alguna", añade. "Desde Patrimonio Nacional no se constató causa alguna que determinara la exclusión de la UTE de la adjudicación del concurso", añade.


viernes, 24 de octubre de 2014

Noticia: Colaboración Seguridad Privada / Seguridad Pública

Detenidos en La Isla dos supuestos estafadores de centros comerciales
Compraban productos tras ponerles códigos de barra de un precio inferior y luego los devolvían recuperando el valor original

Fuente: diariodecadiz.es  24.10.2014

La Policía Nacional ha detenido en San Fernando a dos individuos acusados de un delito de falsificación de documentos y estafa en diferentes centros comerciales de España. Según la Policía, los detenidos adquirían grandes compras en estas superficies comerciales pero no pagaban su precio real ya que le ponían a esos productos códigos de barra de un valor inferior o usaban incluso vales promocionales de descuento que previamente habían falsificado. Posteriormente devolvían los productos adquiridos y se hacían con el dinero original de venta al público, ganando por tanto más dinero del que habían pagado al realizar sus compras.

Los apresados son W.A., ciudadano de Singapur de 64 años de edad, y J.A.B.B., una mujer venezolana de 35 años. El primero de ellos tenía 17 antecedentes, principalmente por falsificaciones y estafas, y sobre él pesaba una prohibición para salir del territorio español dictaba por la Audiencia Nacional. W.A. ha ingresado ya en prisión en cumplimiento de un requerimiento del Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid. La mujer venezolana, por su parte, ha quedado en libertad con cargos.

La Policía Nacional indicaba ayer a través de un comunicado que la colaboración de los vigilantes de seguridad de estos centros comerciales ha sido clave para la detención de estos dos supuestos estafadores y el esclarecimiento de una multitud de delitos que se les atribuye.

El modus operandi de la estafa consistía en adquirir un producto al que luego ponían una etiqueta de otro producto de valor inferior. Posteriormente el objeto que habían comprado era devuelto utilizando un ticket falso, haciéndose así con el valor del producto original, que era superior al que realmente habían pagado por él.

El pasado mes de septiembre se detectó la presencia en el área comercial de Bahía Sur, en San Fernando, de un ciudadano con rasgos orientales que realizaba compras a gran escala, así como de una mujer con rasgos sudamericanos que procedía luego a la devolución de estos productos comprados. Un error en uno de los tickets de compra hizo sospechar a los empleados pero W.A, experto en esta materia, logró solucionarlo al pagar el producto original y marcharse del centro comercial por temor a ser descubierto.

Sin embargo, hace escasa fechas la pareja intentó volver a cometer la estafa de nuevo en Bahía Sur utilizando el mismo modus operandi. Sin embargo, sus características físicas y su actuación levantaron las sospechas de los vigilantes de seguridad y de la Policía Nacional, procediéndose a un discreto seguimiento de ambos.

Una posterior comprobación de los efectos comprados y devueltos confirmó que una vez más estaban cometiendo un fraude, por lo que se procedió a localizar el vehículo en el que se desplazan y posteriormente detenerlos.

En la operación los agentes policiales han intervenido numerosos tickets de descuento falsificados de centros comerciales muy conocidos, al igual que materiales para su fabricación, innumerables códigos de barras originales que supuestamente habían ido quitando de los productos y etiquetas en blanco.