jueves, 27 de agosto de 2015

Pareja rusa es sorprendida en pleno acto sexual frente a un cajero automático

Fuente: AFP San petersburgo
Vigilantes de seguridad, alertados por un banco de San Petersburgo sobre una "extraña actividad" frente a un cajero automático, encontraron en el lugar a una joven pareja en pleno acto sexual, "excitada" por la presencia de las cámaras de video.
Según la portavoz de la empresa privada de seguridad Titan, encargada de la seguridad en un banco de San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, dos agentes de seguridad armados fueron enviados al banco tras ser alertados.
"Les cámaras registraron una extraña actividad en el lugar donde se encuentran los cajeros automáticos", declaró a la AFP Lidia Belkevich.
A su llegada, los vigilantes encontraron a una parejita en pleno acto sexual.
"Nuestros vigilantes les dijeron a los jóvenes que buscaran otro lugar para practicar sus actos sexuales porque allí había cámaras por todas partes. La joven respondió que precisamente por ello habían elegido las instalaciones del banco", precisó Belkevich.
La joven "explicó que la presencia de las cámaras los excitaba". Finalmente, la pareja abandonó el lugar.

miércoles, 26 de agosto de 2015

Aragón cuenta con 33.000 alarmas antirrobo y el sector ya factura 74,4 millones


Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma en 2014.

Fuente: El Heraldo.es-M. Tragacete. 25/08/2015

Vigilancia 24 horas, transporte de recaudaciones de bancos, alarmas de comercios y viviendas... El sector de la seguridad privada factura cada año miles de millones de euros en España. Según la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal del sector, la facturación en 2014 ascendió a 3.384 millones a nivel nacional. De ellos, algo más de 74,4 millones se generaron en Aragón.

Pese a estas cantidades millonarias, la realidad es que la seguridad privada (de la que viven miles de familias ya que sólo la cifra de vigilantes privados supone cerca de 76.000 empleos) acumula una caída de la facturación del 24% desde el año 2009, una bajada que fue muy acusada en 2012 pero que el año pasado consiguió amortiguar. En 2014, tanto la vigilancia como el transporte de fondos retrocedieron la facturación en tasa interanual y solo la instalación de sistemas de alarma aumentó las cifras de negocio (algo más de un 3,5% con respecto a 2013) y ya supone 973 millones para el sector en todo el país.

En España, más de 1,5 millones de comercios y viviendas tienen instalada una alarma, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Del total de instalaciones, en Aragón se ubican algo más de 33.000. Hay establecimientos (como las entidades financieras, las farmacias o las salas de juegos de azar) que están obligados a contar con estas medidas de seguridad, pero un buen número de contratos tienen más que ver con la voluntad de los particulares de proteger sus bienes.

Interior publica cada año, desde el ejercicio 2007, el total de alarmas contratadas y las altas y bajas que se registran anualmente pero hasta ahora nunca había ofrecido datos regionalizados. Las estadísticas revelan que en los primeros años de crisis económica los robos en viviendas registraron un repunte importante y se produjo una importante demanda de alarmas.

Precisamente el verano es una época tradicional de asalto a viviendas vacías y las empresas de seguridad suelen registrar un pico de contrataciones de sistemas de alarma. Según una encuesta realizada por Sondea para Securitas, una de las empresas líderes del sector, casi un 70% de los españoles reconoce que cuando se marcha de vacaciones es cuando más teme sufrir un robo en su vivienda y tres de cada cuatro consideran que los chalets son el objetivo principal de los ladrones.

Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma, aunque en la mayoría de los casos se trató de falsos avisos. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, el año pasado en la Comunidad la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 2.918 robos con fuerza y violencia en hogares y establecimientos comerciales de Aragón.

De esos casi 3.000 robos, las fuerzas de seguridad lograron esclarecer 759 casos y detuvieron por ellos a más de 700 personas.
 
Casi 1.500 empresas de seguridad en España
Al cierre de 2014, había en España un total de 1.539 empresas dedicadas a la seguridad. En ocho de cada diez casos se trataba de pequeñas compañías que no superaban el medio centenar de trabajadores.

La actividad de las empresas de seguridad privada es seguida de cerca por la Unidad Central de Seguridad Privada, adscrita a la Policía Nacional. El año pasado se realizaron más de 32.000 inspecciones en toda España (960 en Aragón) para comprobar que se respetaba la legalidad vigente. El resultado de esta vigilancia fue la apertura de 4.104 expedientes sancionadores (403 de carácter muy grave) cuyo valor económico superó los 4,4 millones de euros.

Las previsiones de cierre de negocio para este ejercicio “siguen siendo negativas” en el área de vigilancia según informan desde Aproser, pero la situación del sector podría estabilizarse “e incluso comenzar una tímida recuperación” gracias al resto de áreas.

Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas para sobrevivir, según el diagnóstico de la patronal, se resumen en intrusismo, competencia desleal, inseguridad jurídica o los bajos precios de licitación del sector público, que supone un 18% de la facturación total del sector.

lunes, 24 de agosto de 2015

Securitas lleva al SAS a los tribunales por el concurso de un contrato de 20 millones

Fuente: ABC.es-P. García.  Sevilla.
«Quis custodiet ipsos custodes?». Traducida del latín: ¿Quién vigila a los vigilantes? La respuesta a la pregunta en este caso no podría ser la Junta de Andalucía sino otros vigilantes. La empresa Securitas Seguridad España SA ha llevado a los tribunales de justicia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por las irregularidades que considera que se han producido en la adjudicación de un contrato de casi 20 millones de euros y 24 meses de duración, destinado a ofrecer el servicio de vigilancia y seguridad en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, a la unión temporal de empresas (UTE) que conforman Vigilancia Integrada SA y V2 Complementos Auxiliares S.A.
Securitas denuncia que durante el proceso se añadieron elementos secundarios a los criterios descritos en los pliegos con posterioridad al plazo de presentación de ofertas y que éstos se aplicaron de manera «arbitraria, subjetiva y no uniforme», provocando que en determinados apartados sólo la oferta de la adjudicataria fuese valorada, lo que resulta «completa y absolutamente improcedente». Pero sus alegaciones no fueron atendidas por el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, lo que llevó a la entidad a interponer un recurso contencioso-administrativo y de cuyo anuncio se dio traslado el pasado 10 de agosto a las partes interesadas para que puedan personarse.
Fue el 8 de julio de 2014 cuando el SAS adjudica este contrato por un valor de 19.568.987,09 euros y en los días siguientes Securitas recurre solicitando su anulación, retrotayendo las actuaciones al momento de producirse la valoración de las ofertas y se dicte una resolución nueva a su favor. La base del recurso se sustenta en que, a su juicio, dos criterios técnicos de evaluación automática recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares no han sido aplicados de conformidad con su naturaleza, lo que desvirtúa las puntuaciones resultantes de las ofertas de los licitadores. Así, Securitas ofertó 3.294 equipos de transmisión pero la comisión técnica sólo le valoró 171 equipos, el número de trabajadores adscrito al servicio. Su oferta fue rebajada, por tanto, obteniendo una puntuación muy inferior y un incremento proporcional de la puntuación de la adjudicataria. Un argumento que, según la recurrente, no se aplica de forma uniforme al resto de criterios. Así sí se valoran 105 unidades contra incendios a pesar de resultar innecesarias más de 20 y 76, atendiendo al número de centros que ya contaban con dichas prestaciones; o se valoran hasta cien unidades nuevas de videograbación ofertadas por otro licitador pese a no especificar a qué centros se destinan.
El órgano de contratación niega trato discriminatorio pues al recurrente se le otorga en el apartado medios de comunicación la puntuación más favorable posible en el sentido explicitado. Al respecto, la UTE adjudictaria acusó a Securitas de obrar con «picaresca» porque la oferta de teléfonos y walkie-talkie era «un brindis al sol con la única finalidad de obtener la máxima puntuación en dicho criterio sin más». Con posterioridad, el Tribunal Administrativo concluyó que Securitas ofertó «equipos de transmisión innecesarios» con el fin de conseguir la mayor puntuación en ese criterio y, dada la fórmula de valoración del mismo, situar las ofertas del resto de licitadores muy por debajo.
La segunda alegación, también rechazada, incide en las consideraciones tenidas en cuenta a posteriori y se refieren al número de horas de formación ofertadas. Así, en el pliego se recoge que se otorgará la mayor puntuación a la oferta con mayor número de horas/año y el resto de ofertas de valorarán mediante proporcionalidad directa. Sólo fue valorada la oferta de la UTE adjudicataria. El resto entendió que bastaba con ofertar un determinado número de horas y la comisión técnica y, posteriormente el Tribunal Administrativo, concluyó que se solicitaba un plan de formación, no una «mera mención de un dato numérico» sin criterio formativo alguno.
Desestimado el recurso el pasado 21 de abril de 2015, el 15 de mayo se firmó con la UTE ganadora el contrato con fecha de inicio 1 de junio de este año y por una duración de 24 meses. Ese mismo día Securitas interpone el recurso contencioso administrativo y la Sala Primera del TSJA requiere el emplazamientos de cuantos interesados pudiera haber.
La UTE adjudicataria la conforman Vigilancia Integrada SA y Complementos Auxiliares SA, empresas que forman parte de Ilunion y cuyo administrador único es el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. Esta compañía comenzó también en enero de 2015 a gestionar la seguridad de los 27 museos y conjuntos culturales dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ahora, además, lo hace en la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.




El Supremo confirma la pena al asesino del vigilante de seguridad

MARCHENA
El Supremo confirma la pena al asesino del vigilante de seguridad

El Alto Tribunal rechaza el recurso del acusado y le mantiene los 22 años por asesinato.

Fuente: diariodesevilla.es - R. P. , | 22.08.2015

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación promovido por el hombre condenado por el asesinato en 2009 de José Antonio Jiménez Ceferino, un vigilante de seguridad de una planta fotovoltaica de Marchena, durante un robo de cobre, ratificando así los 17 años de prisión impuestos por un delito de asesinato y los cinco años correspondientes a un delito de robo con violencia y uso de medios peligrosos.

En un primer momento, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los dos ciudadanos rumanos acusados por este crimen, al no dar validez a una prueba de ADN, una sentencia anulada no obstante por el Tribunal Supremo, para que la Audiencia Provincial dictara un nuevo fallo en el que se valorase como prueba válida el hallazgo del ADN de Marius, uno de los acusados, en el pantalón de la víctima.

Finalmente, y a través de una sentencia emitida el pasado 7 de enero, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a uno de los dos acusados, identificado como Adi D., y condenó al otro acusado, identificado como Marius L. C., a 22 años de cárcel por delitos de asesinato y robo con violencia y medios peligrosos, así como al pago de una indemnización de 160.992 euros a los padres de la víctima y de 21.448,83 euros a la empresa por el cobre sustraído en la planta fotovoltaica, aunque el acusado se declaró insolvente.

Frente a la sentencia condenatoria, el condenado elevó un recurso de casación al Tribunal Supremo, que a través de una sentencia emitida el 24 de julio desestima dicho recurso y además impone al recurrente las cosas del procedimiento judicial.

La sala encargada de este asunto ha realizado una triple comprobación en torno a la legitimación o no de los argumentos presentados por el condenado, que pretendía "negar la existencia de prueba, negar la validez de la existente, negar el poder probatorio o demostrativo de la prueba existente y válida, o cuestionar la racionalidad del proceso valorativo sobre las pruebas disponibles", pues según el recurrente la sentencia condenatoria "se ha valido de pruebas nulas de pleno derecho, como la prueba pericial de ADN", alegando principalmente la "falta de letrado en la obtención de la muestra", si bien el Supremo zanja que dicho aspecto "no requiere asistencia letrada".


"Es válido el contraste de muestras obtenidas en la causa con los datos obrantes en la base de datos policial procedente de una causa distinta, aunque en la prestación del consentimiento no conste la asistencia del letrado, cuando el acusado no ha cuestionado la licitud y validez de estos datos en la fase de instrucción", precisa el Supremo, según el cual media "confesión" del recurrente en cuanto a que "no realizó la impugnación de los informes biológicos de ADN", descartando además cualquier tipo de "indefensión".


El Supremo revoca la absolución de los presuntos asesinos de un vigilante



jueves, 20 de agosto de 2015

El Supremo rechaza que el descuelgue de un convenio tenga efectos retroactivos

La sentencia señala que los recortes salariales por esta medida sólo pueden aplicarse a futuro aunque se pacten con los empleados. Fuente. Finanzas.com -D.Valera

El Tribunal Supremo considera que el descuelgue -inaplicación- de un convenio colectivo en vigor no puede tener carácter retroactivo. En una sentencia conocida este martes y que supone un nuevo revés a la reforma laboral los magistrados de la Sala de lo Social del alto tribunal recuerdan que esta medida de carácter extraordinario y que se traduce en recortes salariales o de jornada y horarios, «sólo produce efectos desde el momento en que se acuerda». Es decir, que la no aplicación de la norma convencional «actúa hacia futuro» y no se puede retrotraer a pesar de que se pacte con los trabajadores para llevarlo a cabo de esa manera. Con esta resolución los jueces vuelven a marcar los límites de la nueva legislación laboral como ya hicieran al mantener la ultraactividad de los convenios -prórroga de los mismos en caso de falta de acuerdo- pese a la limitación de un año que fijaba la normativa.
Y es que la legislación aprobada por el Gobierno permite a las empresas aplicar un descuelgue de convenio de manera unilateral si se alegan causas económicas -previsión de pérdidas o disminución persistente de ingresos- pero también por razones de carácter organizativo o productivo. En este caso concreto, la empresa Ariete Seguridad S.A acordó con la mayoría de los trabajadores un descuelgue el 28 de noviembre de 2013 que suponía incumplir las tablas salariales del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2012-2014.
Esta medida fue impugnada por UGT y CC OO que solicitaron la nulidad del acuerdo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio parcialmente la razón al limitar los efectos económicos del descuelgue a la fecha posterior a la firma del mismo por considerar que la aplicación retroactiva de la reducción salarial era contraria al artículo 9.3 de la Constitución.
La empresa recurrió ante el Supremo la sentencia y alegó que la legislación ampara que las partes negociadoras pueden pactar que los efectos económicos de un descuelgue se retrotraigan a una fecha anterior. En concreto, la compañía argumentó que los artículos 84.2 y 86.1 del Estatuto de los Trabajadores otorgan plena libertad y autonomía a los negociadores de los convenios para «fijar la vigencia de sus pactos y preferencia aplicativa a los convenios de empresa». Esto es a pactar recortes de carácter retroactivo.
Sin embargo, el fallo del Supremo desestima «íntegramente» el recurso de la compañía. De hecho, la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana, reconoce que el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores que regula los descuelgues no limita expresamente que su aplicación no pueda tener carácter retroactivo. Sin embargo, el fallo explica que esa restricción legal «está implícita en el texto de la norma» al establecer que el convenio colectivo «obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación durante todo el tiempo de su vigencia».
«Forzosa aplicación»
Según el Supremo, de ese enunciado se deduce que el convenio «es de forzosa aplicación mientras no se acuerde su inaplicación parcial» y que en caso de pactar el descuelgue «sólo puede tener efectos a partir del momento en que se firma». Además, los magistrados recuerdan que en este caso no se está ante un convenio colectivo negociado con plena libertad y autonomía que fije su vigencia, sino que se trata de un «simple acuerdo» por el que se acepta la inaplicación de ciertas condiciones del convenio. Además, la sentencia recuerda que la normativa vigente recoge que la duración de un descuelgue está limitada a la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo.


miércoles, 19 de agosto de 2015

Prosegur: algunos lo llaman inflación y otros 51% mas en la cuenta de resultados

Argentina gana lugar en el mundo como negocio para trasladar efectivo

POR LA EMISIÓN Y LA INFLACIÓN, YA ES UNA FUERTE FUENTE DE INGRESOS DE LAS GRANDES TRANSPORTADORAS DE CAUDALES


Fuente: ambito.com- Ignacio Olivera Doll




El fuerte crecimiento de la cantidad de pesos y, especialmente, la mayor circulación del dinero que se siente en una economía con alta inflación convirtieron a la Argentina en el mercado más atractivo para las principales transportadoras de caudales del mundo. Los dos principales jugadores que operan en el sistema financiero local, la estadounidense Brinks y la española Prosegur, ya la hacen asomar en sus reportes bursátiles: el crecimiento de los beneficios que perciben en este país es lo que apuntala con más fuerza los negocios en la región.

"No es tanto el tamaño de la masa de efectivo, porque nosotros no cobramos por volumen transportado. Es la enorme rotación que tiene el dinero en un país con alta inflación", aclaró a este diario el gerente de área de una de las compañías.

A través de la presentación del resultado del segundo trimestre de este año, Brinks ya advirtió que obtuvo sus "ganancias más altas en Argentina, México y Francia" (pero "menores en Brasil"), y que dentro de los mercados emergentes obtuvo beneficios de hasta un 20% "debido principalmente al crecimiento de Argentina".

Brinks gira los dividendos obtenidos en la Argentina a través de "métodos legales alternativos" (presumiblemente mediante el "contado con liqui") que lo obligan a pagar un tipo de cambio más alto. "El Gobierno argentino impuso límites al intercambio de pesos locales a dólares estadounidenses. Como resultado de ello, para repatriar dinero de Argentina hemos elegido en el pasado y podemos optar en el futuro utilizar métodos legales alternativos, que pueden resultar en tipos de cambio menos favorables", precisaron desde la empresa. La compañía estadounidense captó u$s 182 millones por sus negocios en Latinoamérica. Si bien éstos representan sólo un 10% de lo que obtiene a nivel global, en el último reporte se aclaró que durante el semestre hubo una "mejora en el beneficio operativo impulsada por Argentina".

En las utilidades de la compañía Prosegur, el país también gana protagonismo. Los resultados del "área Argentina" (que incluye también Paraguay y Uruguay) se dispararon un 51% desde la primera mitad de 2014 hasta el mismo período de este año, de los 304 millones de euros a los 461 millones de euros. Con este beneficio, el país ya superó a España en la relevancia que tiene como mercado para la empresa y está a poco de superar a Brasil (históricamente con mayores beneficios, y que en el mismo lapso reflejó una caída del 5% en los resultados). Perú, México y Chile, reportaron una mejora de entre el 11% y el 21%; y Colombia, una caída del 15,8% (ver infografía). La "gestión de efectivo" aporta la mitad de los ingresos que Prosegur obtiene en la región; mientras que, en Europa, ésta es sólo un tercio.

En la Argentina, el transporte de caudales se reparte hoy principalmente entre cinco grandes compañías: Prosegur, Brinks, Maco, Vigencia y Transplata. El jueves pasado, el directorio del Banco Central resolvió que, a partir de ahora, las transportadoras de caudales pasarán a formar parte de la órbita de compañías reguladas y deberán cumplir con una lista de exigencias. El objetivo es empezar a moderar las tarifas que cobran las transportadoras y que representan, cada vez más, una gran parte de los costos que deben soportar los bancos, en un país con exceso de circulante y billetes de baja denominación.

CCOO insta al gobierno a hacer cumplir a Seguridad Integral Canaria el convenio

Fuente ABC.es

CCOO ha instado hoy al Gobierno regional a rescindir el contrato por el que se adjudicó el servicio de vigilancia de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria a Seguridad Integral Canaria si esta empresa no se aviene a cumplir el convenio colectivo nacional de empresas de seguridad privada.
En un comunicado, el sindicato denuncia que Seguridad Integral Canaria funciona con un convenio colectivo propio, con sueldos inferiores a los establecidos en convenio nacional del sector.

CCOO recuerda a la Consejería de Presidencia y Justicia que el pliego de condiciones por el que se adjudicó ese servicio de vigilancia en los juzgados le permite rescindir el contrato si el concesionario no cumple el convenio nacional del sector.